NUESTRA ÚLTIMA EDITORIAL.

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Entre mediados de diciembre de 2012 y mediados de enero de 2013 se produjo un muy interesante debate entre economistas progresistas en el suplemento “Cash” del diario de la centroizquierda porteña Página 12[1].

El mismo giró en torno a la validez del reclamo contra la progresiva extensión del impuesto a las ganancias a capas cada vez más notables de asalariados.

Por un lado, dos economistas (Seijo y Montesino) sostienen que el reclamo es indebido, y en última instancia afirman que en vez de exigir que se les siga devolviendo todo lo que perdieron frente a las clases dominantes y el imperialismo desde 1976, los trabajadores deberían agradecer al gobierno todo lo que les devolvió y esperar, ahora, a que mañana vuelva a entregarles algo más. Es la tesis “verticalista”, digamos, tan a gusto de burócratas y trepadores.
Por el otro, un economista (Caracoche) desmonta el planteo y muestra que es falaz.

Lo que tenemos, en último análisis, es una discusión entre la burguesía y el bloque de los asalariados. Para más precisión, Caracoche se delimita dentro de este último. Seijo y Montesino, en la réplica a la primera respuesta de Caracoche, no sin cierto macartismo a la moda, lo empujan al campo satánico de Hugo Moyano cuando resaltan, correctamente, que el planteo de Caracoche es el de Moyano.

En la réplica a la réplica, Caracoche se deshace en repudios a la “burocracia” sindical para demostrar que él no apoya a Moyano ni a ninguno de los aliados con los que Moyano se ha sabido rodear últimamente. Es natural, porque Caracoche comparte con Seijo y Montesino esa concepción verticalista según la cual el último cortesano oficialista vale más que cualquier dirigente sindical, salvo que éste sea un genuflexo.

Dicho sea de otro modo: dentro del campo de los asalariados, Caracoche habla desde la pequeño burguesía asalariada. Pero lo curioso es que la verdad que plantea Caracoche es la verdad que plantea el moyanismo. Este último desvaloriza su propia lucha eligiendo aliados que lo colocan del lado de la antipatria, es cierto. Pero eso no hace incorrectos sus planteos.

Este intercambio académico y respetuoso de puntos de vista traduce a un lenguaje racional lo mismo que subyace al debate brutal y grosero entre la Casa Rosada y Azopardo: saber si lo perdido por el campo de los trabajadores a partir de 1976 les será revertido como corresponde, o parte no les será restituido. El gobierno nacional está dispuesto a no restituir mucho más, porque necesita quedarse con parte de aquello que el imperialismo y la oligarquía le quitaron a los asalariados para solventar su proyecto de recreación de una burguesía nacional. La CGT moyanista lo intuye, pero en vez de proponer una propuesta superadora al kirchnerismo mientras lo apoya contra el enemigo común, elige, muy equivocadamente, aliarse con ese enemigo común para confrontar electoralmente con el gobierno.

La última novedad en este plano es la aproximación ¡entre Hugo Moyano y Luis Barrionuevo!, que publicita la página web de la CGT.

Las masas argentinas, y los trabajadores en particular, saben ver aquello que se le está escapando a la CGT, y que castigarán en las urnas (tanto en las legislativas como en las presidenciales) semejante equivocación. El gobierno nacional no se da cuenta, a su vez, de que su política va a ir generando un creciente descontento entre todos los asalariados, que terminará dejándolo en el vacío frente a las fuerzas del atraso y la reacción en la Argentina. Algo de eso ya se está viendo en la cada vez más intolerable insolencia de la judicatura, sin ir más lejos.

La presidenta de la Nación tiene muy en claro la disyuntiva. Como recordó por los mismos días el siempre vigilante Carlos Pagni en La Nación, “fue directa: ‘Subir el mínimo no imponible me cuesta 8000 millones de pesos que para mí son indispensables. Si quieren que lo haga, tráiganme una alternativa para conseguir ese dinero’.”

La alternativa es seguir avanzando sobre la renta agraria, nacionalizar el comercio exterior y crear un sistema de producción agropecuaria centrado en una gran Empresa Nacional de Producción y Comercialización Agropecuaria que deje en manos del Estado toda la renta que hoy siguen llevándose, a paladas, cuatro vivos. Y eso, solo para empezar.

Esto, claro, exige un gobierno patriótico dispuesto a absolutamente todo para defender a la Patria en todos los planos y no solo en el muy loable de la lucha por el retorno de la fragata “Libertad” contra los “fondos buitres” por un embargo que era a todas luces insostenible en cualquier tribunal del planeta salvo en los dominados por el capital financiero. Sería muy bueno que el gobierno kirchnerista diera ese paso, que quizás termine constituyendo su única alternativa de continuidad.

Y si no lo diera habremos otros que, como mínimo, prepararemos las condiciones para que se lo pueda dar. En ese rol, la Izquierda Nacional tiene reservado un lugar de privilegio, a condición de que -fiel a las ideas que le dieron forma, sentido y destino entre 1950 y 1975- sepa articular la alianza plebeya que el país necesita, sin oportunismo alguno al poder de turno.

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