NACIONALIZAR YA EL ACOPIO DE GRANOS PARA RESPONDER A LA EXTORSIÓN GORILA

La Sociedad Rural Argentina y su séquito de organizaciones adictas están convocando a una  insurrección tributaria. La oligarquía le ha declarado la guerra al gobierno y no se tomó vacaciones. Solo le preocupan los miles de millones de dólares que están perdiendo en sus negocios con China. El gobierno kirchnerista les molesta. Necesitan con urgencia de bolsillo llegar al postkirchnerismo. Por eso intentan paralizar el comercio exterior, después de haber intentado generar una corrida cambiaría apalancando el dólar ilegal.

La nueva extorsión de la Mesa de Enlace carece de toda justificación económica y financiera. Solo se explica porque un grupo minúsculo de rentistas controla el principal canal de ingreso de divisas   internacionales a nuestro país. El intento, brutalmente expresado, es poner de rodillas al gobierno nacional para que puedan quedarse con toda la renta diferencial pampeana en beneficio propio y privado.

Estamos ante una nueva “125”. Es momento de definiciones claras. Quien se rehúse a apoyar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra esta asonada quedará fuera del campo nacional, y el pueblo lo repudiará por más méritos que haya hecho en el pasado. Pero a su vez el gobierno tiene que convocar a todos los integrantes del campo nacional a movilizarse en su defensa, sin privilegiar o discriminar a ninguno pero sin olvidar que su única base segura de sustentación está en un movimiento obrero organizado cuyo sometimiento es garantía de inacción.

Durante el conflicto de la "125" la dirigencia ruralista-oligárquica pretendió reducir por hambre a las ciudades. Hoy apuesta a desfinanciar a un país que decidió no recurrir al crédito externo para sustentar su industrialización. No se puede minimizar el carácter criminal de la amenaza. Hay que cortar de un tajo, cuanto antes, la cabeza de esta serpiente insaciable. Los argentinos ya tenemos un bicentenario entero para aprender cómo se conducen. Son incorregibles porque no pueden actuar de otro modo.

Saben que el desarrollo industrial, en el mejor de los casos, los sacaría del sitio privilegiado que ocupan en la sociedad argentina y los reduciría a lo que realmente serían si se los despojara de su privilegio rentístico: una banda de humildes juntabosta, iguales a cualquier empresario de esos que ellos desprecian por "improductivos".

Están dispuestos a todo para negar esa igualación, democratizadora y modernizadora." Patria y Pueblo alerta y convoca a nacionalizar la capacidad de acopio y el comercio exterior, imponer juntas reguladoras de granos y carnes e intervenir hasta el último rincón de los campos para impedir que estos mafiosos usen los silos bolsa como una soga para ahorcar al país entero.

En un segundo paso, la Argentina tiene que marchar a la constitución de una Empresa Nacional de Producción y Comercialización Agropecuaria, a la cual podrán asociarse los empresarios rurales dispuestos a trabajar para el bien común.

Mesa Ejecutiva Nacional:  
Néstor Gorojovsky, Secretario General  
Bailón Jerez, Juan María Escobar, Rubén Rosmarino, Lorena Vazquez, Hugo Santos, Gustavo Battistoni, Pablo López, Silvio Zuzulich, Edgardo Sánchez, Jacinto Paz

NUESTRA ÚLTIMA EDITORIAL.

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Entre mediados de diciembre de 2012 y mediados de enero de 2013 se produjo un muy interesante debate entre economistas progresistas en el suplemento “Cash” del diario de la centroizquierda porteña Página 12[1].

El mismo giró en torno a la validez del reclamo contra la progresiva extensión del impuesto a las ganancias a capas cada vez más notables de asalariados.

Por un lado, dos economistas (Seijo y Montesino) sostienen que el reclamo es indebido, y en última instancia afirman que en vez de exigir que se les siga devolviendo todo lo que perdieron frente a las clases dominantes y el imperialismo desde 1976, los trabajadores deberían agradecer al gobierno todo lo que les devolvió y esperar, ahora, a que mañana vuelva a entregarles algo más. Es la tesis “verticalista”, digamos, tan a gusto de burócratas y trepadores.
Por el otro, un economista (Caracoche) desmonta el planteo y muestra que es falaz.

Lo que tenemos, en último análisis, es una discusión entre la burguesía y el bloque de los asalariados. Para más precisión, Caracoche se delimita dentro de este último. Seijo y Montesino, en la réplica a la primera respuesta de Caracoche, no sin cierto macartismo a la moda, lo empujan al campo satánico de Hugo Moyano cuando resaltan, correctamente, que el planteo de Caracoche es el de Moyano.

En la réplica a la réplica, Caracoche se deshace en repudios a la “burocracia” sindical para demostrar que él no apoya a Moyano ni a ninguno de los aliados con los que Moyano se ha sabido rodear últimamente. Es natural, porque Caracoche comparte con Seijo y Montesino esa concepción verticalista según la cual el último cortesano oficialista vale más que cualquier dirigente sindical, salvo que éste sea un genuflexo.

Dicho sea de otro modo: dentro del campo de los asalariados, Caracoche habla desde la pequeño burguesía asalariada. Pero lo curioso es que la verdad que plantea Caracoche es la verdad que plantea el moyanismo. Este último desvaloriza su propia lucha eligiendo aliados que lo colocan del lado de la antipatria, es cierto. Pero eso no hace incorrectos sus planteos.

Este intercambio académico y respetuoso de puntos de vista traduce a un lenguaje racional lo mismo que subyace al debate brutal y grosero entre la Casa Rosada y Azopardo: saber si lo perdido por el campo de los trabajadores a partir de 1976 les será revertido como corresponde, o parte no les será restituido. El gobierno nacional está dispuesto a no restituir mucho más, porque necesita quedarse con parte de aquello que el imperialismo y la oligarquía le quitaron a los asalariados para solventar su proyecto de recreación de una burguesía nacional. La CGT moyanista lo intuye, pero en vez de proponer una propuesta superadora al kirchnerismo mientras lo apoya contra el enemigo común, elige, muy equivocadamente, aliarse con ese enemigo común para confrontar electoralmente con el gobierno.

La última novedad en este plano es la aproximación ¡entre Hugo Moyano y Luis Barrionuevo!, que publicita la página web de la CGT.

Las masas argentinas, y los trabajadores en particular, saben ver aquello que se le está escapando a la CGT, y que castigarán en las urnas (tanto en las legislativas como en las presidenciales) semejante equivocación. El gobierno nacional no se da cuenta, a su vez, de que su política va a ir generando un creciente descontento entre todos los asalariados, que terminará dejándolo en el vacío frente a las fuerzas del atraso y la reacción en la Argentina. Algo de eso ya se está viendo en la cada vez más intolerable insolencia de la judicatura, sin ir más lejos.

La presidenta de la Nación tiene muy en claro la disyuntiva. Como recordó por los mismos días el siempre vigilante Carlos Pagni en La Nación, “fue directa: ‘Subir el mínimo no imponible me cuesta 8000 millones de pesos que para mí son indispensables. Si quieren que lo haga, tráiganme una alternativa para conseguir ese dinero’.”

La alternativa es seguir avanzando sobre la renta agraria, nacionalizar el comercio exterior y crear un sistema de producción agropecuaria centrado en una gran Empresa Nacional de Producción y Comercialización Agropecuaria que deje en manos del Estado toda la renta que hoy siguen llevándose, a paladas, cuatro vivos. Y eso, solo para empezar.

Esto, claro, exige un gobierno patriótico dispuesto a absolutamente todo para defender a la Patria en todos los planos y no solo en el muy loable de la lucha por el retorno de la fragata “Libertad” contra los “fondos buitres” por un embargo que era a todas luces insostenible en cualquier tribunal del planeta salvo en los dominados por el capital financiero. Sería muy bueno que el gobierno kirchnerista diera ese paso, que quizás termine constituyendo su única alternativa de continuidad.

Y si no lo diera habremos otros que, como mínimo, prepararemos las condiciones para que se lo pueda dar. En ese rol, la Izquierda Nacional tiene reservado un lugar de privilegio, a condición de que -fiel a las ideas que le dieron forma, sentido y destino entre 1950 y 1975- sepa articular la alianza plebeya que el país necesita, sin oportunismo alguno al poder de turno.