EL ALZAMIENTO DE LA "FAMILIA JUDICIAL"

La Suprema Corte acaba de rechazar el recurso de per saltum planteado por el gobierno nacional en torno a la demorada Ley de Medios. Con este acto se une al alzamiento del Poder Judicial ya iniciado antes con una serie de fallos adversos, que continuaron posteriormente. Los magistrados  regiminosos controlan ese poder del Estado como si nada hubiera pasado en el país en los últimos diez años.

Los jueces perciben que el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el moyanismo significó la ruptura de la alianza plebeya entre clases medias y movimiento obrero. Entienden como nadie que esa quiebra produjo un debilitamiento del gobierno que mejor supo interpretar el  alzamiento del 19 y 20 de diciembre de 2001. Y los elementos más reaccionarios de la judicatura aprovechan entonces para mostrar su verdadera raíz antipopular y antinacional.

Ahora nos enteramos de que para la Corte instalada por Néstor Kirchner  carece de gravedad institucional un retardo de tres años y medio en la aplicación de una ley fundamental, que contó con aprobación mayoritaria de casi todo el Congreso. Corresponde, en cambio, empantanarla en los laberintos de la justicia ordinaria para que los avenegra del grupo monopólico Clarín la obstaculicen con multitud de recursos, contrarrecursos, apelaciones y contraapelaciones hasta que, eventualmente, en el Ejecutivo aparezca alguien más manejable que Cristina Fernández de Kirchner. Esperan que esa persona deje sin efecto los artículos más importantes y más democráticos de toda la ley: los referidos a la desinversión.

Pero el alzamiento judicial es es general. Para no dar más que algunos ejemplos, los jueces liberan de culpa y cargo a Fernando de la Rúa, que accedió al poder con dos muertos y salió de él con treinta y ocho, condenan a cuatro años de prisión a Felisa Micelli por un oscuro episodio en el que realmente no hay prueba alguna, o liberan a una banda de mafiosos tucumanos aduciendo ausencia de pruebas en delitos en los que no puede haberlas. Esta justicia nos debe de estar preparando nuevas amarguras, ahora que se siente libre de retornar a su papel tradicional de última línea de defensa del privilegio, del atraso y de la entrega.

Cuando el presidente Néstor Kirchner sustituyó la indescriptible corte menemista por la actual, Patria y Pueblo expresó su beneplácito pero alertó sobre el escaso patriotismo de muchos de los integrantes de la nueva Corte. Lamentablemente, no nos equivocamos. También avisamos, más adelante, que si el gobierno argentino rompía la alianza plebeya entre las clases medias y los sectores más combativos del movimiento obrero entraría en una espiral de creciente debilidad. Es lo que estamos viendo ahora: el estáblishment empieza a ganar fuerza y a mostrar sus dientes en este fin de año que no solo está ensombrecido por cuatro muertes inaceptables, sino también por estos signos claros de paulatino envalentonamiento de los enemigos de la Patria.

Conseguir el imperio de la ley, la igualdad de todos ante los estrados de la justicia, es, en la Argentina, un objetivo revolucionario. No se  lo puede obtener por mecanismos reformistas. Ésa es la verdad. Ojalá que el gobierno argentino lo perciba antes de que sea demasiado tarde.

Podrá contar con la mayoría del pueblo argentino, y con Patria y Pueblo en primera línea, como siempre que ha avanzado en la profundización del mandato de diciembre del 2001.

Mesa Ejecutiva Nacional:
Néstor Gorojovsky, Secretario General
Bailón Jerez, Juan María Escobar, Rubén Rosmarino, Lorena Vazquez, Hugo Santos, Gustavo Battistoni, Pablo López, Silvio Zuzulich, Edgardo Sánchez, Jacinto Paz




7D y el fin de los privilegios de la antipatria

Declaración del partido Patria y Pueblo - Socialistas de la Izquierda Nacional
El 7D no se discuten los medios de comunicación sino los privilegios de la antipatria
¡Todo nuestro apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner!


Las declaraciones que hizo hoy el ministro de justicia, Julio Alak, revelan que el gobierno nacional está dispuesto a llevar la lucha por la implantación de la Ley de Medios hasta sus últimas consecuencias políticas. No de otro modo puede entenderse que un funcionario del Poder Ejecutivo informe a integrantes en rebeldía de la casta judicial que cualquier intento dilatorio adicional que permita cuestionar la plena vigencia de dicha ley, tras tres años de demoras y chicanas, será considerado un "alzamiento".

El fragote judicial organizado por el Grupo Clarín y sus secuaces, en medio de un clima pleno de sospechosos incidentes energéticos y de otro tipo, muestra que lo que estamos enfrentando los argentinos es una batalla para definir quién tiene el poder en nuestro país: si la camándula extorsiva de rentistas, estafadores, especuladores, falsos influyentes, agentes extranjeros, zánganos de alto nivel adquisitivo que componen el "estáblishment", o las masas populares que apoyan un programa de reconstrucción nacional que permita superar las monstruosas consecuencias que ha tenido para nuestro país el período 1976-2003, durante el que ellos gobernaron.

Hay aquí un sabotaje generalizado de las clases dominantes contra un gobierno que, al menos en forma parcial pero decidida, está intentando revertir algunas de las principales consecuencias de ese período trágico de nuestra historia y de algunos de sus fundamentos estructurales básicos.

El estáblishment no defiende al "Grupo Clarín" por generosidad, sino por solidaridad de clase. Los politicastros y funcionarios judiciales que le hacen de guardaespaldas, los oficiales (y aún suboficiales) que generan tensiones innecesarias al insistir en reclamos que ya han sido admitidos, los oscuros saboteadores que provocan cortes de luz en las grandes ciudades, e incluso los funcionarios que buscan asegurar sus puestos ahondando divisiones autodestructivas dentro del campo popular, todos ellos, pretenden sostener un sistema rentístico del que, en último análisis, son tan beneficiarios como esclavos. Saben que cuando el gobierno argentino quiebre el monopolio mediático del Grupo Clarín habrá abierto el camino a medidas mucho más profundas, y plantean la batalla en el terreno que corresponde.

Gran coraje tiene el gobierno al responder con las mismas armas y con igual decisión. La batalla hubiera sido más sencilla, si se hubiera recurrido a las masas en vez de confiar en mecanismos institucionales. Pero esta vez lo importante es la voluntad de utilizarlas al servicio de la patria y del pueblo argentino.

Esa decisión está. Y no es momento de medias tintas. Hay que acabar con el oligopolio mediático de los enemigos de la Patria. La Ley de Medios tiene que salir el 7D, y los alzados contra su vigencia deberán ser tratados como lo que son, ya que ellos mismos se han puesto fuera de la ley refrendada por la soberanía popular y los mecanismos del estado deberán actuar en consecuencia.

Mesa Ejecutiva Nacional:
Néstor Gorojovsky, Secretario General
Bailón Jerez, Juan María Escobar, Rubén Rosmarino, Lorena Vazquez, Hugo Santos, Gustavo Battistoni, Pablo López, Silvio Zuzulich, Edgardo Sánchez, Jacinto Paz