LA PREGUNTA QUE NOS TENEMOS QUE HACER ll Editorial PyP 52

POR NÉSTOR GOROJOVSKY - SECRETARIO GENERAL DE PATRIA Y PUEBLO

"Yo, que vengo acá a hablarles como presidenta de todos los argentinos –y no vengo a buscar votos–, tengo que decirles con qué recursos les pagamos a ustedes los contratos y las licitaciones: con lo que recaudamos de impuestos, por ejemplo. Y es ahí donde comienzan a aparecer las diferencias con otras fuerzas políticas, donde dicen: “hay que eliminar o bajar el Impuesto a las Ganancias, hay que eliminar o bajar los derechos de exportación”. Y entonces, ahí está la pregunta: cómo hacemos para financiar todo esto, si no cobramos impuestos. Yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer."
Cristina Fernández de Kirchner a la 62ª Convención de la Cámara Argentina de la Construcción. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014

Compartimos el planteo que hizo la Dra. Fernández de Kirchner ante los grandes empresarios de la CAC. De hecho, esa pregunta está en el corazón de las propuestas que (de un modo algo distinto) hacemos los compañeros de Patria y Pueblo-Socialistas de la Izquierda Nacional.

El público ante el que la Dra. Fernández de Kirchner habló el 25 de noviembre impelía a preguntarse retóricamente si se puede gobernar sin percibir impuestos. Los máximos evasores y elusores impositivos de la República Argentina son las grandes empresas que, en el ámbito de la construcción, fichan en la CAC. La Dra. Kirchner usó la investidura presidencial para obligarlos a escuchar, resignados, una elegante pero dura e inequívoca reprimenda.

Patria y Pueblo apoya a la Presidenta de la Nación en la faena que ejecuta, sacrificada y eficazmente. Se pregunta, además, “qué clases y sectores sociales tienen que pagar los impuestos que fortalezcan al Estado argentino para que siga sirviendo a la voluntad de independencia económica, liberación nacional y unidad latinoamericana de nuestras grandes mayorías populares”.

Cuando, en respuesta a esta cuestión, el gobierno kirchnerista perfora el techo que impone el estricto cálculo de ganancias y pérdidas del balance contable, lo celebramos. Cuando se queda detrás, sin embargo, proponemos, al conjunto de los argentinos, una salida alternativa.

Lo primero ocurrió, por supuesto, en el tema fundamental de la deuda externa, cuyo manejo marcó la diferencia sustancial entre el kirchnerismo y sus predecesores inmediatos… y mostró que estábamos ante un gobierno que, más allá de las imputaciones que podrían habérsele hecho sobre el origen, recontactó la Casa Rosada con lo que ésta había sido cuando trabajaba en ella Juan Perón.

Como bien dicen el Dr. Eric Calcagno y su hijo, el diputado Alfredo Eric, “primero, el gobierno recuperó la soberanía financiera mediante el desligamiento del FMI; segundo, reestructuró la deuda externa (2005-2010); y tercero, aplicó una política de desendeudamiento”.

Gracias a ello, y por más que críticos tan feroces como mal encaminados nieguen los datos básicos de esta descripción, “dentro de la deuda pública total (deuda bruta), cambió la estructura de los acreedores: el 60% son agencias del gobierno. Además, disminuyó de modo sustancial el peso de la deuda pública externa: en 2004 era el 62% del PIB y en 2013 era del 11,6% … la carga de la deuda sobre el gasto público disminuyó radicalmente (fue de solamente 1,3% del PIB en 2013, gran parte del cual quedó dentro del propio sector público)”.

Todo esto se “salió” de las cuentas del balance, e “hizo posible recuperar la soberanía económica y el poder de decisión sobre nuestras propias políticas que había sido abandonado a las manos del FMI y otros acreedores”.

La segunda situación parece estar primando en el tema del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias, donde hace falta una revolución copernicana equivalente a la que se hizo en el mucho más bravo terreno del endeudamiento externo. Aquí, efectivamente, el manejo “algebraico” del balance fiscal engendra un malestar en la población que puede terminar –como ya ha sucedido- regalándole innecesariamente masa electoral a la antipatria.

La distribución de la carga fiscal, es importante decirlo en primer lugar, subsidia a los más miserables, tal como denuncian los sectores más ruines de nuestra sociedad y nadie que no sea tan ruin como ellos debería atacar este gesto social y político de humanidad.

Pero también vemos que privilegia a los más acaudalados, por más que chillen contra la “presión fiscal”. Esa presión, entonces, recae exageradamente sobre las clases medias independientes y los asalariados legales y con mejores convenios.

La Presidenta de la Nación nunca deja de reiterar que los trabajadores “en blanco” y mejor remunerados., en tiempos de crisis mundial como los que nos tocan, tienen que cuidar sus empleos y ser solidarios con los peor pagos. Pero la mejor manera de cuidar los empleos consiste en atacar eficazmente a los grandes desempleadores. Y la mejor manera de elevar los ingresos de los estratos bajos de la pirámide salarial es poner a los sindicalistas que obtuvieron los mejores convenios a la cabeza de todo el movimiento obrero, y no al revés.

Para seguir sosteniendo los sistemas de apoyo y ayuda a los más desfavorecidos lo que corresponde hacer ahora es imponer adecuadamente a los sectores improductivos y golpistas. El rumbo elegido hasta ahora deja en el medio a la gran masa del pueblo, que es campo de batalla electoral entre el gobierno y sus enemigos. La política fiscal en marcha puede terminar llevándonos a una encerrona funesta.

La cuestión fiscal no se reduce a hacer justicia social e impulsar la actividad productiva del sector privado. Necesita tener en cuenta que según quién pague el peso del esfuerzo fiscal, y según quién se beneficie de él, será más fuerte o más débil el mejor gobierno que supimos darnos los argentinos desde la muerte del general Perón.

La política fiscal también forma parte de la política electoral. La Dra. Fernández de Kirchner no fue a “juntar votos” a la asamblea de la Cámara de la Construcción. Para un gobernante patriota, es más difícil cosechar ese tipo de apoyos que lograr que el señor Héctor Méndez convoque al economista Andrés Asiaín a desintoxicar ideológicamente la Unión Industrial Argentina. Pero los resultados de las acciones que sus palabras presiden se sienten, y con mucha fuerza, sobre el propio campo de apoyo (el existente y el potencial) del gobierno y del que lo suceda.(1)

En lo más inmediato, nos amenazan, desde las usinas de la derrota nacional, con un diciembre desestabilizado. Estabilizarlo (o, mejor aún, desestabilizar al enemigo de la Patria) está en las manos del gobierno nacional. La política fiscal constituye una de las claves de este tema. Clave que se enmarca en la vinculación más general entre gobierno y asalariados. Al cierre de esta edición, las distintas conducciones sindicales se empezaban a pronunciar en contra de la firme decisión presidencial de mantener en su nivel actual el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Y es comprensible: con la misma fuerza con que el Dr. Vanoli destapa chanchullos rentísticos en las cuevas y cavernas financieras o el Dr. Kicilloff combate junto a nuestro Canciller a la usura internacional, con igual o superior empeño al que pone el Dr. Tomada en regularizar las múltiples formas de ilegalidad laboral conocidas como “trabajo en negro”, el gobierno nacional (y lo reafirmó la Dra. Kirchner en el discurso del 25) insiste en derivar parte de la carga fiscal a los ingresos de los asalariados mejor conveniados y mejor pagados.

En una situación crítica esto sería aceptable (siempre y cuando se lo explicara con lujo de detalles), porque el pueblo argentino nunca le sacó el cuerpo a la defensa del interés general de la Nación. Pero el gobierno nacional, además, insiste en liberar de carga fiscal las transacciones financieras, y otras actividades socialmente improductivas como los juegos de azar. E insiste en mantener los niveles de aporte patronal al sistema previsional en los números heredados del cavallismo. O, peor aún, elude eliminar las múltiples formas de contratación generadas durante el auge neoliberal o su concepto financiero y asegurador de la salud de los trabajadores.

Y, lo que es mucho más importante aún, no se decide a encarar una gran campaña nacional para devolverle a los argentinos el control de su comercio exterior y finiquitar la extorsión permanente de que nos hacen objeto los propietarios de la producción agropecuaria pampeana.

Todas y cada una de estas decisiones dañan, en primer lugar, al propio gobierno nacional que apoyamos. Le achican la base social, desmovilizan y dividen a quienes debería tener como pilar indoblegable de su accionar, e, incluso, le brindan campo abierto a la oposición gorila. Si ésta no avanza más, es por su propia incapacidad, pero no es buen criterio contar con los defectos del adversario en detrimento del propio fortalecimiento.

Patria y Pueblo sabe que el lugar que le corresponde a una fuerza socialista de izquierda nacional es seguir planteando las preguntas estratégicas, y ofrecer respuestas sin temor de diferenciarnos de un gobierno que sigue defendiendo la soberanía nacional y por ello merece nuestro respaldo. Para eso estamos, mientras el pueblo argentino hace su propio camino y nos mostramos dignos de su confianza.

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(1) Para Patria y Pueblo la encerrona electoral es en buena medida una consecuencia de la reticencia oficial en encarar una campaña que haga saltar los límites de las antidemocráticas cláusulas no reeleccionistas de la Constitución de 1994. Creemos que una sola persona concita el apoyo de las grandes mayorías, y que esa persona es la Dra. Fernández de Kirchner. Sobre esto estamos emitiendo un documento que se reproduce en la presente edición. Pero en esta editorial preferimos dedicarnos a cuestiones más inmediatas.

ANTE EL 2015, UNIDAD POPULAR O RESTAURACIÓN OLIGÁRQUICA

El principio rector de la democracia es el principio de la supremacía de la soberanía popular libremente expresada, sin limitación de ningún tipo. Ninguna norma puede recortar su libre ejercicio, deformarla o limitarla en algún sentido sin convertirse automáticamente en una disposición antidemocrática.
El modo en que se expresa la supremacía jurídica de la voluntad popular es el respeto a rajatabla del derecho a la plena expresión electoral de las masas. Ese respeto es por lo demás la única base de legitimación posible del estado de derecho.
No obstante, la Constitución de 1994 prohíbe la reelección sucesiva e indefinida para el cargo de presidente de la Nación. Esa limitación coarta gravemente a las masas populares el libre y pleno ejercicio de sus derechos democráticos, sustento necesario y exclusivo de toda legitimidad institucional. En consecuencia, el texto constitucional obstaculiza gravemente la plena vigencia del estado de derecho que todo texto constitucional debería asegurar.

La proscripción del pueblo
Nadie ignora que, si no la proscribiera la Constitución vigente, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner sería la candidata presidencial del Frente para la Victoria y se impondría en los comicios del año que viene. Si así no fuera, el pueblo argentino lo habría resuelto, en elecciones libres. Pero esa posibilidad está vedada por el orden legal vigente.
No hablamos, por tanto, de un derecho personal de la actual presidente. Atendemos al hecho de que pueda presentarse a la compulsa electoral, ya que ese es el único modo de que nuestro pueblo disponga (o no) su continuidad en el cargo.
Tanto la proscripción de Perón durante 18 años como la de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner cercenan la potestad soberana del pueblo. Ambos tienen como objetivo poner fin al proyecto nacional. El hilo conductor es la proscripción del pueblo y el cierre una vez más del ciclo popular
No podemos andar con remilgos “republicanos” cuando lo que está en juego es la suerte del proyecto nacional y el destino mismo de nuestro País y de la Patria Grande. La Izquierda Nacional está dispuesta a defender la soberanía del pueblo y a llevar adelante el Proyecto Nacional hasta las últimas consecuencias. No acatamos la estrategia de la oligarquía que nos impide participar con candidatos que concitan la mayor adhesión en el campo popular.
La mejor manera de comprender la importancia de la candidatura de la Dra. Fernández de Kirchner es observar las conductas de nuestros enemigos ante el discurso de su hijo Máximo en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Júniors. La mera mención de una posible reelección les erizó la piel, y tratan de atar a la oposición con pactos espurios para asegurarse que no cederá frente a los derechos políticos del pueblo.
Así como el frente oligárquico suscribe ilegales compromisos de no reformar la Constitución ni dar quórum, el frente nacional está en todo su derecho de suscribir el compromiso de llamar a nuevas elecciones para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía popular

El vicio de origen de la Constitución de 1994
Cabe señalar que no corresponde aquí el argumento de que ese orden legal es jurídicamente incuestionable dado que se trata de un precepto constitucional. Muy por el contrario, todo el texto de la Constitución de 1994 padece un vicio de origen que debe sanearse cuanto antes, en defensa precisamente de la pureza que deben tener las normas democráticas para que se las pueda esgrimir como fuente de legitimidad para cualquier gobierno, y en especial para un gobierno de base popular y orientación patriótica como el actual.
Efectivamente, el Poder Constituyente, fuente suprema de toda legitimidad, admitió en 1994 que sus deliberaciones se sometieran a lo acordado, a espaldas del pueblo argentino, por dos ciudadanos privados en lo que se terminó conociendo como el Pacto de Olivos. Esta cesión de jurisdicción es inadmisible hasta desde el punto de vista de la buena técnica jurídica, ya que el Poder Constituyente mal puede someterse a ningún otro, y mucho menos a un acuerdo entre privados.
Pero el Pacto es, esencialmente, políticamente inaceptable. Los firmantes eran el Dr. Carlos Saúl Menem y el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, cuyos intereses no consultaban en lo más mínimo el de la patria y del pueblo argentinos.
Menem se mantenía en el poder tras haber traicionado a sus votantes y ejecutado el programa del Almirante Isaac Rojas, con quien llegó a abrazarse en un acto público para reafirmar la dimensión de su felonía. Alfonsín era el jefe de un partido en retirada, que desde el poder intentó salvar las formalidades democráticas al precio de entregar la Nación a la voracidad imperialista y oligárquica.
Fueron estos los dos hombres que decidieron, por sí y ante sí, cuáles serían las atribuciones de la Constituyente. Solo el Obispo Jaime de Nevares se alzó contra ese atentado a la soberanía de la Asamblea. Este origen pone en cuestión incluso los eventuales puntos positivos de la Constitución de 1994. No es la primera vez que derechos formalmente “más avanzados” se usan en nuestro país para derogar otros sustancialmente más fundamentales.
El rechazo al derecho a la reelección presidencial indefinida tiene una raíz antidemocrática en general, y claramente antiperonista (es decir, antidemocrática y entreguista) en el caso argentino.
La Constituyente de 1957 admitió la derogación por decreto del texto de 1949, que abrogó al mismo tiempo el derecho a la libre reelección y los artículos 38, 39 y 40 que garantizaban la soberanía económica nacional. Se liquidó así el núcleo institucional previo al golpe de estado.
En 1994, después del vendaval procesista, alfonsinista y menemista con que se coronó el ciclo contrarrevolucionario abierto en junio y setiembre de 1955, lo único que había que asegurar a toda costa era la restricción de la voluntad soberana de las mayorías para impedir un nuevo salto adelante. Eso quedó garantizado por el pacto de Olivos, así como la Libertadora fue garantizada por la Constitución de 1957.
Aún aquello que no puede cuestionarse en el plano abstracto de lo jurídico, debe modificarse de todos modos porque su vicio político de origen hace que lesione un valor más alto, el ejercicio no restringido del derecho a elegir de las grandes mayorías.

Aquello que pactaron dos ciudadanos pueden anularlo las masas
Patria y Pueblo convoca a todas las fuerzas políticas del campo nacional, pero en particular al mayoritario peronismo -y muy en especial al kirchnerismo- a convocar a una movilización política de masas que exija al Congreso el llamado inmediato a una Asamblea Constituyente, para reformar la Constitución del Pacto de Olivos y corregir, particularmente, el artículo que prohíbe la reelección indefinida del presidente de la Nación, de modo de asegurar que la voluntad popular pueda expresarse sin condicionamiento alguno.
Recalcamos: el espíritu de esta disposición antidemocrática consiste en suplantar el respeto a la voluntad mayoritaria por el “consenso” favorable al interés minoritario y reemplazar el principio rector de la soberanía popular por el de la “alternancia”. Sus defensores pretenden sustituir con un periódico reparto de achuras la libre expresión de la voluntad popular, y a eso lo bautizan “democracia”. En toda Latinoamérica, este es el caballito de batalla de las fuerzas oligárquicas. Integra la estrategia del Consenso de Washington para reimplantar las políticas impuestas por los centros financieros del imperialismo mundial.
Nuestra decisión de no allanarnos a las reglas de juego de la oligarquía es inquebrantable, no solo con relación a esto sino también con relación al carácter del candidato. Entre uno “buenito y educado” y una “soberbia e intratable” nos quedamos con la segunda, porque soberbio y altanero debe ser el pueblo cuando de defender sus intereses se trata.
Hay aquí otro motivo más para impulsar la reelección indefinida. Si prosperase la propuesta y la Dra. Fernández de Kirchner fuere reelecta, al llegar a su tercer mandato bajo el empuje de las grandes masas se habrá legitimado con mucho mayor potencia que a través de una elección de rutina y la naturaleza de la nueva alianza de clases sobre la que discurrirá su accionar se verá reflejada en este último. Pero sería falaz argumentar que la proscripción afecta a la persona física Cristina Fernández de Kirchner. De ningún modo: afecta a una persona política colectiva, el pueblo argentino.
Nace de una constitución formalmente válida, pero de viciada legitimidad política, cuando no jurídica. Reformarla es un deber democrático inocultable. Corresponde, al menos, librar la batalla por ese objetivo. En caso de no hacerse así, se estará debilitando la legitimidad política del próximo gobierno de los argentinos.
Sin desmedro de considerar que la renuncia a ese combate no solo es un gravísimo error sino también una falta al mandato popular, Patria y Pueblo señala también al partido de gobierno que aún en ese caso se puede, al menos, asegurar que en las próximas elecciones se salvaguarde al menos parcialmente el principio de soberanía popular.

La democracia en el seno del campo popular
Si el propio partido de gobierno renunciara a luchar por la necesaria reforma, es preciso dar al trámite de elección del candidato presidencial del campo popular una modalidad que asegure la unidad de todas las tendencias que compiten en el seno del Frente para la Victoria y, en sentido general, tienda a reunir a la suma de los sectores y fuerzas sociales interesadas en sostener el rumbo iniciado en el 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, pertenezcan o no al Frente de la Victoria, estén o no agrupadas en “Unidos y Organizados”, etc.
Ante todo, debe asegurarse un debate franco, amplio y sin límites, de cara a las bases de apoyo al gobierno. Sin olvidar, no obstante, que los precandidatos del Frente tienen entre si diferencias de matices: por significativas que sean, no justifican una contienda feroz, o desorbitada, que disperse a los propios. Ni por un instante debe ignorarse que a todas las corrientes del campo nacional nos distancia, respecto al enemigo, un abismo ideológico y una oposición de proyectos antagónica, la que separa la lucha por el interés nacional y la inclusión social, que nos define como conjunto, de la lucha por retornar al orden neoliberal anterior a la crisis del 2001.
Ese objetivo reúne –ellos sí, férreamente agrupados en nuestra contra aunque se acuchillen entre sí por el puesto que quieren ocupar– a los núcleos de poder económico concentrado, la élite parasitaria que succiona al país y sus soportes políticos, Macri, Massa, Sanz, Binner, Cobos, Carrió, y otros. Como se ve en el vecino Brasil, por dispares que sean sus orientaciones programáticas, pueden sumar –con el apoyo del imperialismo y del sistema mediático- masa crítica suficiente como para derrotar a un candidato del campo nacional en segunda vuelta, o al menos dejarle una mayoría escueta que lo haga más maleable a sus conspiraciones.
El poder económico concentrado, el imperialismo y sus socios, no encuentran dificultades para generar modos de centralización política: tienen, es obvio, el poder real y su dominio es “algo dado”. Hasta una nulidad tiránica (Videla) o “democrática” (De la Rúa) les basta y sobra para sostener “el orden”. No ocurre lo mismo con las fuerzas populares, que precisan librar una dura lucha ideológica y práctica para dar al frente nacional una dirección que emerja del protagonismo de las masas y esté capacitada para sortear los escollos que el país enfrenta, para preservar sus logros y profundizar el rumbo.
La confrontación decisiva hará que el abanico contrarrevolucionario (más que opositor) se convierta en un coágulo petrificado capaz de descoser en nuestro campo las eventuales costuras flojas, evitables si se aseguran caminos de debate interno adecuados a la unidad que se requiere. No se trata de redactar un manual de modales aceptables. Se trata de encontrar las vías de confrontación y conciliación de las distintas tendencias legítimas que enriquezcan al conjunto de las fuerzas que integran el campo nacional.
Solo a partir de allí se tendrá la certeza de que, aun padeciendo los límites impuestos a la soberanía popular por un texto constitucional cuestionable, se podrá contar con un candidato que aglutine las fuerzas del conjunto y no las disperse. Las heridas evitables atentan contra la victoria.

La necesidad de preservar la unidad del campo propio
La elección de candidatos por métodos democráticos y el debate franco, unen y fortalecen al activo militante.
Lamentablemente, no siempre ha sido éste el caso. Hemos padecido candidatos y decisiones impuestas desde una cúpula poco receptiva de las advertencias críticas formuladas con franqueza, actitud que aprovechan los cuantiosos trepadores que, como alguna vez definiera Jorge Abelardo Ramos, se sirven del Estado con el pretexto de servirlo.
La imposición de candidatos, o de pactos a contramano de los programas, sin atender a la base, no unifica las fuerzas, aunque pretenda tal cosa; destruye, desmoraliza, desune, o, peor aún, propicia indirectamente conductas que perpetúan el hábito de los súbditos de la colonia española con relación al muy distante monarca: “obedecer de palabra… y hacer otra cosa”. La degradación del Estado nacional con respecto a los provinciales, y la de éstos con respecto a los municipios (otro efecto nefasto de la Constitución de 1994) potencia estos peligros.
Patria y Pueblo no tiene derecho ni intención de legislar sobre internas ajenas. Pero, por integrar desde siempre el campo nacional, la Izquierda Nacional, cuya expresión política somos hoy, puede y debe señalar su posición ante el desafío singular del 2015, en el que estará en juego el destino de la patria. Es la trascendencia de la cuestión, no nuestra opinión, la que impone un cuidado particular en los métodos.
No sacralizamos una u otra forma institucional, por razones formales: se trata de definir un modelo constructivo de relaciones internas, modos de convivencia y de discusión de las diferencias, entre las distintas clases que componen el frente nacional. La coyuntura sugiere evitar las prácticas que llevaron a la debilidad relativa del movimiento popular que se hizo notoria en las elecciones parlamentarias del 2013, cuyo resultado no puede explicarse solo planteando que fueron “parlamentarias de mitad de mandato”.

Verticalismo duro y legitimación blanda
Cuando está en juego el futuro mismo, sólo la claridad muestra el camino. La Izquierda Nacional siempre fue transparente y no dejará de serlo en la presente coyuntura.
Sin olvidar a quienes honran banderas antes que ascensos, tenemos en claro que la “rama política” es muy permeable a las sugestiones del que gobierna, sea Menem o Néstor Kirchner. Y en el mundo obrero, donde tenía respaldo el verticalismo efectivo del General Perón, pese a los avances en la distribución del ingreso y la recuperación de las paritarias, el liderazgo kirchnerista no logró construir una relación directa con las masas que se asemeje al liderazgo del General Perón.
Entre otras muchas cosas, no hubo aquí un 17 de Octubre, claro fundamento de la jefatura “incuestionable” del movimiento nacional. Esto lo soslayan los “aplaudidores” seriales tan concurrencistas a cuanto acto se les indique y siempre dispuestos a aplastar cualquier cuestionamiento… a quien circunstancialmente esté en el poder. La (real o supuesta) incuestionabilidad del mandato de Perón derivaba de la plenitud de la legitimación que recibió de la clase trabajadora argentina, que salió a jugarse la vida por él –y no retóricamente- en la hora incierta en que la conspiración antinacional lo había arrinconado.
Grandes son los títulos de Néstor y Cristina Kirchner en la defensa de la patria y el interés general del pueblo argentino, y muy en especial el de haber sabido interpretar el sentido del alzamiento masivo de diciembre de 2001 que empezó a clausurar el largo período de contrarrevolución abierto en 1955. Sin embargo, la legitimación plebiscitaria de Octubre del 45 se les ha negado. La movilización por un tercer mandato de la Dra. Kirchner bien podría ser un camino para obtener resultados similares, pero solo si se la encara con decisión de victoria, amplitud de miras y alianzas plenamente abarcativas.
La potencia movilizadora del movimiento obrero fue y será siempre decisiva a la hora de enfrentar al imperialismo mundial y sus socios internos. Como cimiento de la autoridad de un gobierno popular, no hay triunfo electoral, por espectacular que sea, que pueda suplantar a la movilización de masas. El ciudadano atomizado en millones de decisiones individuales ante las urnas no legitima con la misma potencia que la masa de partidarios dispuestos a todo para defender un proyecto en las calles.
Sin legitimación de masas ante la conspiración oligárquica, el ejercicio de la conducción vertical se aleja de la posición ratificada invariablemente por Perón. El verticalismo de Perón fue consecuencia de la legitimación. No la precede, surge después de ella. El intento de sostenerla sobre la base de una elección estupenda, pero de rutina (es decir no arrancada de las garras de la contrarrevolución para reelegir a Cristina Fernández de Kirchner), provocó más problemas que soluciones. Por ejemplo, facilitó las maniobras de seducción extraña encaradas por Massa y otros impresentables, cuyo “éxito” explica los rasgos específicos que tuvo la mengua electoral sufrida en el 2013, que canceló las chances de reformar la constitución y restablecer el derecho del pueblo argentino a reelegir sin trabas a un líder nacional.
Es hora de tomar nota, creemos, de las debilidades que impone el modo verticalista de conducción política, una flaqueza ya observada por Perón mismo, cuando denunció que lo rodeaban “adulones y chupamedias”, sin alterar, no obstante, ese modo de conducción, que generó el distanciamiento de grandes patriotas como Jauretche y Scalabrini, “sustituidos” por una corte de burócratas incondicionales.

POR TODO LO DICHO, PATRIA Y PUEBLO RESUELVE:
1.       Instar a los compañeros del Frente para la Victoria a luchar por la reelección presidencial indefinida; plantear la exigencia a las fuerzas democráticas de apoyar el llamado a una Convención Constituyente y reformar la constitución del Pacto de Olivos. Lanzar una campaña de movilización política de las grandes masas en apoyo a la medida, reclamando la supresión de la cláusula proscriptiva actual. En ese combate, Patria y Pueblo estará presente con toda su decisión militante y patriótica. La mayoría del pueblo argentino, ante la legitimidad del reclamo, se sumará a la iniciativa. Organizaciones sociales y, especialmente, el movimiento obrero, tendrán un papel de primer orden.

2.      Si dicho objetivo no pudiera alcanzarse o las tendencias del Frente para la Victoria lo desecharan como meta, sin desmedro de nuestra opinión contraria a esto último convocamos a que en la medida de lo posible el candidato que facilite la unión y ampliación de las fuerzas que componen el campo popular con miras a las elecciones de 2015 surja de un debate franco entre los más diversos integrantes del campo nacional.
a.            Este debate deberá incluir también la propuesta de un pacto patriótico que incorpore a la plataforma de todos los elegibles el compromiso de convocar una reforma constitucional que elimine toda cláusula proscriptiva y de considerar un mecanismo para que nuevas elecciones, si se considera adecuado, terminen de perfeccionar el proceso de legitimación así abierto.

3.       Advertir que el país enfrenta enormes desafíos, junto a los pueblos hermanos de la América Latina, en medio de una crisis que lleva al mundo a conflictos mayúsculos. Los cambios de índole institucional deben servir para consolidar un movimiento nacional de amplitud y fortaleza acordes a los desafíos que aquello representa. Enfrentar este planeta turbulento exigirá que se tomen las disposiciones necesarias para consolidar aciertos aglutinadores y corregir errores dispersivos del pasado reciente, puesto que de estos últimos solo se benefician los enemigos de nuestra patria.

4.        Señalar enfáticamente que deben superarse los conflictos y distanciamientos en la relación entre el gobierno, el movimiento obrero y la pequeña burguesía (en particular, aunque no exclusivamente, asalariada), para cerrar filas con la totalidad de los sectores objetivamente interesados en defender lo nacional y neutralizar la capacidad de confundir de los cantos de sirena que, por “izquierda” o por “derecha”, puedan erosionarnos y dar ventajas al bloque antinacional.

5.        Restaurar plenamente el respaldo de la clase trabajadora y los sectores más populares de nuestra clase media. Estas bases de apoyo no se sustituirán buscando sin tino la simpatía de sectores democrático-liberales de la pequeña burguesía, por la vía del sometimiento del conjunto del movimiento a sus prejuicios y no a sus virtudes mientras se encapsula al núcleo histórico del movimiento nacional en una obediencia ciega contraproducente.

​Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014


Mesa Ejecutiva Nacional
Néstor Gorojovsky, Secretario General
Bailón Jerez, Juan María Escobar,  Pablo López, Rubén Rosmarino, Lorena Vazquez, Hugo Santos, Aurelio Argañaraz,Silvio Zuzulich, Edgardo Sánchez, Jacinto Paz