El partido Patria y Pueblo, socialistas de la Izquierda Nacional, repudia el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirma la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner junto con su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, y lo denuncia como lo que es: un atentado inaceptable contra la soberanía popular y el estado de derecho, que todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales deben rechazar de palabra y de acción.
Una Corte incompleta y facciosa, de cuyos tres miembros dos fueron nombrados por el ex presidente Mauricio Macri a través de un decreto violatorio del procedimiento que marca la Constitución Nacional, acaba de convalidar las sentencias de un proceso que fue una burda operación mediática-judicial, sin ninguna prueba real, solo sostenida por el fuerte respaldo del establishment económico en la Argentina y de sus socios y mandantes de Estados Unidos, que a sus recursos económicos le agregaron una judicatura convertida en garante última de sus intereses, opuestos a los de las mayorías populares. Es un fallo eminentemente político, que no se agota en la figura de la ex presidenta.
En realidad, lo que está sucediendo delante de los ojos del pueblo argentino, es que la oligarquía, el conjunto de los grandes empresarios y especuladores del mundo de las finanzas, ha demostrado, una vez más, hasta dónde es capaz de llegar en nombre de sus intereses económicos, y está revelando que solo aceptó la democracia en 1983 porque desde esa fecha hasta el estallido popular de 2001 no se tocaron sus privilegios sociales, ganados a sangre y terror en la seguidilla de golpes de estado cometidos entre 1955 y 1976. Por eso mismo es que no estuvieron dispuestos a tolerar el modesto programa de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aun cuando, pese a la recomposición salarial y la reactivación industrial, no tocaron en lo fundamental ninguna de las leyes económicas legadas por el ciclo neoliberal del Proceso y dejaron sin tocar varias privatizaciones realizadas durante el menemismo.
De eso se trata este fallo, de advertirle a los argentinos que la única democracia admisible es una democracia formal, donde no se discuta ninguna alternativa profunda al proyecto político de la oligarquía, y entreguista en lo económico, como la que lleva adelante el gobierno de Javier Milei (que además usa esta farsa para desviar la atención del saqueo, endeudamiento y aplastamiento del nivel de vida al que nos somete), donde ningún dirigente tiene derecho a cuestionar, siquiera moderadamente, lo que el establishment considera eterno: el país para la minoría de familias y empresas que lo tratan como un objeto del cual son dueñas, mientras que las mayorías empobrecidas deben resignarse a una vida miserable, irse del país o morir.
Por todo esto nos sumamos a la convocatoria a ganar las calles para asegurar que se respeten los principios constitucionales que deberían regir nuestra vida política. Y agregamos: a partir de este momento, la lucha del pueblo argentino por la defensa de la democracia ya no puede limitarse al respeto de la convivencia democrática entre sectores de ideologías diferentes. Debe ir de la mano de la defensa a rajatabla de un proyecto económico que incluya a las mayorías populares y que no se frene ante ningún tipo de obstruccionismo que se le quiera presentar desde el sector oligárquico. De lo contrario, estaremos dejando abierto el flanco para recibir nuevos golpes como este que estamos sufriendo.
Mesa Nacional del Partido Patria y Pueblo • Socialistas de la Izquierda Nacional
Aurelio Argañaraz, Rubén Rosmarino, Jacinto Paz, Bailón Gerez, Martín Gorojovsky, Hugo A. Santos
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