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Salió PyP 52. Editorial. Conseguilo

Editorial por Néstor Gorojovsky
La pregunta que nos tenemos que hacer

"Yo, que vengo acá a hablarles como presidenta de todos los argentinos –y no vengo a buscar votos–, tengo que decirles con qué recursos les pagamos a ustedes los contratos y las licitaciones: con lo que recaudamos de impuestos, por ejemplo. Y es ahí donde comienzan a aparecer las diferencias con otras fuerzas políticas, donde dicen: “hay que eliminar o bajar el Impuesto a las Ganancias, hay que eliminar o bajar los derechos de exportación”. Y entonces, ahí está la pregunta: cómo hacemos para financiar todo esto, si no cobramos impuestos. Yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer." Cristina Fernández de Kirchner a la 62ª Convención de la Cámara Argentina de la Construcción. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014

Compartimos el planteo que hizo la Dra. Fernández de Kirchner ante los grandes empresarios de la CAC. De hecho, esa pregunta está en el corazón de las propuestas que (de un modo algo distinto) hacemos los compañeros de Patria y Pueblo-Socialistas de la Izquierda Nacional.

El público ante el que la Dra. Fernández de Kirchner habló el 25 de noviembre impelía a preguntarse retóricamente si se puede gobernar sin percibir impuestos. Los máximos evasores y elusores impositivos de la República Argentina son las grandes empresas que, en el ámbito de la construcción, fichan en la CAC. La Dra. Kirchner usó la investidura presidencial para obligarlos a escuchar, resignados, una elegante pero dura e inequívoca reprimenda.

Patria y Pueblo apoya a la Presidenta de la Nación en la faena que ejecuta, sacrificada y eficazmente. Se pregunta, además, “qué clases y sectores sociales tienen que pagar los impuestos que fortalezcan al Estado argentino para que siga sirviendo a la voluntad de independencia económica, liberación nacional y unidad latinoamericana de nuestras grandes mayorías populares”.

Cuando, en respuesta a esta cuestión, el gobierno kirchnerista perfora el techo que impone el estricto cálculo de ganancias y pérdidas del balance contable, lo celebramos. Cuando se queda detrás, sin embargo, proponemos, al conjunto de los argentinos, una salida alternativa.

Lo primero ocurrió, por supuesto, en el tema fundamental de la deuda externa, cuyo manejo marcó la diferencia sustancial entre el kirchnerismo y sus predecesores inmediatos… y mostró que estábamos ante un gobierno que, más allá de las imputaciones que podrían habérsele hecho sobre el origen, recontactó la Casa Rosada con lo que ésta había sido cuando trabajaba en ella Juan Perón.

Como bien dicen el Dr. Eric Calcagno y su hijo, el diputado Alfredo Eric, “primero, el gobierno recuperó la soberanía financiera mediante el desligamiento del FMI; segundo, reestructuró la deuda externa (2005-2010); y tercero, aplicó una política de desendeudamiento”.

Gracias a ello, y por más que críticos tan feroces como mal encaminados nieguen los datos básicos de esta descripción, “dentro de la deuda pública total (deuda bruta), cambió la estructura de los acreedores: el 60% son agencias del gobierno. Además, disminuyó de modo sustancial el peso de la deuda pública externa: en 2004 era el 62% del PIB y en 2013 era del 11,6% … la carga de la deuda sobre el gasto público disminuyó radicalmente (fue de solamente 1,3% del PIB en 2013, gran parte del cual quedó dentro del propio sector público)”.

Todo esto se “salió” de las cuentas del balance, e “hizo posible recuperar la soberanía económica y el poder de decisión sobre nuestras propias políticas que había sido abandonado a las manos del FMI y otros acreedores”.

La segunda situación parece estar primando en el tema del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias, donde hace falta una revolución copernicana equivalente a la que se hizo en el mucho más bravo terreno del endeudamiento externo. Aquí, efectivamente, el manejo “algebraico” del balance fiscal engendra un malestar en la población que puede terminar –como ya ha sucedido- regalándole innecesariamente masa electoral a la antipatria.

La distribución de la carga fiscal, es importante decirlo en primer lugar, subsidia a los más miserables, tal como denuncian los sectores más ruines de nuestra sociedad y nadie que no sea tan ruin como ellos debería atacar este gesto social y político de humanidad.

Pero también vemos que privilegia a los más acaudalados, por más que chillen contra la “presión fiscal”. Esa presión, entonces, recae exageradamente sobre las clases medias independientes y los asalariados legales y con mejores convenios.

La Presidenta de la Nación nunca deja de reiterar que los trabajadores “en blanco” y mejor remunerados., en tiempos de crisis mundial como los que nos tocan, tienen que cuidar sus empleos y ser solidarios con los peor pagos. Pero la mejor manera de cuidar los empleos consiste en atacar eficazmente a los grandes desempleadores. Y la mejor manera de elevar los ingresos de los estratos bajos de la pirámide salarial es poner a los sindicalistas que obtuvieron los mejores convenios a la cabeza de todo el movimiento obrero, y no al revés.

Para seguir sosteniendo los sistemas de apoyo y ayuda a los más desfavorecidos lo que corresponde hacer ahora es imponer adecuadamente a los sectores improductivos y golpistas. El rumbo elegido hasta ahora deja en el medio a la gran masa del pueblo, que es campo de batalla electoral entre el gobierno y sus enemigos. La política fiscal en marcha puede terminar llevándonos a una encerrona funesta.

La cuestión fiscal no se reduce a hacer justicia social e impulsar la actividad productiva del sector privado. Necesita tener en cuenta que según quién pague el peso del esfuerzo fiscal, y según quién se beneficie de él, será más fuerte o más débil el mejor gobierno que supimos darnos los argentinos desde la muerte del general Perón.

La política fiscal también forma parte de la política electoral. La Dra. Fernández de Kirchner no fue a “juntar votos” a la asamblea de la Cámara de la Construcción. Para un gobernante patriota, es más difícil cosechar ese tipo de apoyos que lograr que el señor Héctor Méndez convoque al economista Andrés Asiaín a desintoxicar ideológicamente la Unión Industrial Argentina. Pero los resultados de las acciones que sus palabras presiden se sienten, y con mucha fuerza, sobre el propio campo de apoyo (el existente y el potencial) del gobierno y del que lo suceda.(1)

En lo más inmediato, nos amenazan, desde las usinas de la derrota nacional, con un diciembre desestabilizado. Estabilizarlo (o, mejor aún, desestabilizar al enemigo de la Patria) está en las manos del gobierno nacional. La política fiscal constituye una de las claves de este tema. Clave que se enmarca en la vinculación más general entre gobierno y asalariados. Al cierre de esta edición, las distintas conducciones sindicales se empezaban a pronunciar en contra de la firme decisión presidencial de mantener en su nivel actual el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Y es comprensible: con la misma fuerza con que el Dr. Vanoli destapa chanchullos rentísticos en las cuevas y cavernas financieras o el Dr. Kicilloff combate junto a nuestro Canciller a la usura internacional, con igual o superior empeño al que pone el Dr. Tomada en regularizar las múltiples formas de ilegalidad laboral conocidas como “trabajo en negro”, el gobierno nacional (y lo reafirmó la Dra. Kirchner en el discurso del 25) insiste en derivar parte de la carga fiscal a los ingresos de los asalariados mejor conveniados y mejor pagados.

En una situación crítica esto sería aceptable (siempre y cuando se lo explicara con lujo de detalles), porque el pueblo argentino nunca le sacó el cuerpo a la defensa del interés general de la Nación. Pero el gobierno nacional, además, insiste en liberar de carga fiscal las transacciones financieras, y otras actividades socialmente improductivas como los juegos de azar. E insiste en mantener los niveles de aporte patronal al sistema previsional en los números heredados del cavallismo. O, peor aún, elude eliminar las múltiples formas de contratación generadas durante el auge neoliberal o su concepto financiero y asegurador de la salud de los trabajadores.

Y, lo que es mucho más importante aún, no se decide a encarar una gran campaña nacional para devolverle a los argentinos el control de su comercio exterior y finiquitar la extorsión permanente de que nos hacen objeto los propietarios de la producción agropecuaria pampeana.

Todas y cada una de estas decisiones dañan, en primer lugar, al propio gobierno nacional que apoyamos. Le achican la base social, desmovilizan y dividen a quienes debería tener como pilar indoblegable de su accionar, e, incluso, le brindan campo abierto a la oposición gorila. Si ésta no avanza más, es por su propia incapacidad, pero no es buen criterio contar con los defectos del adversario en detrimento del propio fortalecimiento.

Patria y Pueblo sabe que el lugar que le corresponde a una fuerza socialista de izquierda nacional es seguir planteando las preguntas estratégicas, y ofrecer respuestas sin temor de diferenciarnos de un gobierno que sigue defendiendo la soberanía nacional y por ello merece nuestro respaldo. Para eso estamos, mientras el pueblo argentino hace su propio camino y nos mostramos dignos de su confianza.

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(1) Para Patria y Pueblo la encerrona electoral es en buena medida una consecuencia de la reticencia oficial en encarar una campaña que haga saltar los límites de las antidemocráticas cláusulas no reeleccionistas de la Constitución de 1994. Creemos que una sola persona concita el apoyo de las grandes mayorías, y que esa persona es la Dra. Fernández de Kirchner. Sobre esto estamos emitiendo un documento que se reproduce en la presente edición. Pero en esta editorial preferimos dedicarnos a cuestiones más inmediatas.


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