#LaSemanalDePyP
por Reinaldo Iturriza López
I.-
Cuando le tocó hablar al policía Izaguirre, aquella tarde
del 28 de febrero de 1989, la sangre ya había corrido a borbotones por las
calles de Caracas y en muchas otras ciudades de Venezuela. El asfalto ardía y
las balas saltaban como si le huyeran al calor. La jornada previa había iniciado
una rebelión popular cuya onda expansiva aún nos estremece. El incendió que
provocó, lejos de extinguirse, no ha hecho sino propagarse desde entonces, y
hace tiempo que cruzó fronteras y fue a juntarse con otros fuegos.
Más temprano, el presidente Carlos Andrés Pérez había
decretado el toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales.
Durante la madrugada había girado instrucciones para que la Guardia Nacional y
el Ejército acabaran con aquella rebelión a sangre y fuego. Elementos de la policía
política y de Inteligencia Militar también actuaban a sus anchas.
Al ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre,
le correspondía ofrecer un balance de la situación de orden público. El
escenario: el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. En transmisión en vivo,
con una actitud un tanto titubeante, y con la mirada clavada en las hojas que
sostenía entre sus manos, inició su discurso:
“Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional me complace
informarle a la ciudadanía…”, apretó las hojas, las elevó un poco, ajustó la
vista, “… que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías
constitucionales…”, hizo una breve pausa, “… y se implantó el toque de queda…”,
carraspeó, “… la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada.
Solo en la ciudad de Caracas…”, hizo una pausa más larga, tomó aire, las manos
le temblaron, “… subsisten…”.
Y ya no leyó más. Se alejó del micrófono, giró la cabeza a
la derecha y confesó: “No puedo”. Volvió a ocupar su lugar frente al micrófono,
pero solo para decir: “Perdón”, y se retiró abruptamente.
Apenas doce días antes, Carlos Andrés Pérez había informado
a la nación su decisión de abrazar la causa del neoliberalismo. Es decir, el
FMI otorgaría al país un préstamo de 4 mil 500 millones de dólares que
eventualmente permitirían estabilizar la economía, a condición de aplicar
medidas de “ajuste estructural”: privatizaciones masivas, liberación de las
tasas de interés, eliminación del control cambiario, liberación de precios
(excepción hecha de algunos pocos productos), incremento de las tarifas de los
servicios públicos, aumento del precio de la gasolina, aumento de las tarifas
del transporte público, eliminación de aranceles de importación, entre otras
medidas.
La decisión tomó por sorpresa a las clases populares, que
reaccionaron enfurecidas, y fue esa furia popular la que tomó las calles el
lunes 27 de febrero. Aquella noche hubo fiesta en muchos barrios de Caracas.
Pero al día siguiente comenzó la masacre.
Cuando Izaguirre perdió la voz, decenas, tal vez centenares,
ya habían perdido la vida.
II.-
Manfred Gerig (1) ha hecho la relación de un debate entre
“expertos” en economía que, a su juicio, pronto tendría hondas repercusiones
para la sociedad venezolana.
El 5 de septiembre de 2014 apareció publicado un artículo en
el que Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos planteaban el escenario de un
impago del servicio de la deuda venezolana, dadas las dificultades del Gobierno
nacional para disponer de fondos suficientes. El artículo, plantea Gerig,
“logró su cometido en la medida que sentó la posibilidad de un _default_ en la
prensa financiera internacional” en un momento en que algo así resultaba
“absolutamente impensable”. Además, definió una ruta en los mercados
internacionales: acudir al FMI y adoptar un plan de ajuste.
Una semana más tarde, y “como si estuviésemos ante cualquier
escena de “policía bueno, policía malo”, Francisco Rodríguez argumentaba que el
Gobierno no necesitaba entrar en _default_, y enumeraba una serie de medidas
que le permitirían cancelar sus deudas: “cobrar un precio realista por sus
divisas”, hacer lo mismo con otros bienes o servicios, como la gasolina o la
electricidad, etc. Más allá del detalle, la importancia de este debate, según
Gerig, es que definía “la baraja de opciones que podían decidirse en política
económica, pero sobre todo sentaba las bases para una trasmisión directa de
recursos desde Venezuela a los tenedores de bonos bajo condiciones cada vez más
perniciosas para el país”.
El planteamiento de Gerig es que el Gobierno nacional cayó
en la “trampa” implícita en este debate y, al decidir seguir cancelando el
servicio de la deuda, entró en un “callejón sin salida”: en 2016, con Miguel
Pérez Abad a cargo de la Vicepresidencia de Economía Productiva, se decidió
“privilegiar el pago de la deuda externa en detrimento del consumo interno”,
reduciendo drásticamente las importaciones, con el resultado predecible de
mayores privaciones para la población, beneficiando a los propietarios de bonos
y, lo que es peor, sin que esta decisión se tradujera en la apertura de los
mercados financieros. Un par de años después, al Gobierno no le quedó otra
alternativa que adoptar la estrategia del impago selectivo en el manejo de su
deuda externa.
III.-
¿Se trató realmente de un ardid, tal y como lo plantea
Gerig, frente al cual el Gobierno nacional actuó con poca claridad estratégica?
¿La decisión, adoptada a comienzos de 2016, de reducir las importaciones y por
tanto el consumo interno, agravó aún más una situación que ya era grave en
buena medida como consecuencia no de la disminución, sino de la “caída en
picada” (3) de los precios del petróleo a partir de 2014?
Más allá, ¿cómo hablar de la situación de la economía
venezolana sin referirnos, como bien apunta Steve Ellner, a la permanente
hostilidad del Gobierno estadounidense hacia Venezuela, que no comienza, ni
mucho menos, con Nicolás Maduro, sino que data de los primeros tiempos de la
revolución bolivariana? Esto último no implica, en modo alguno, eximir de
responsabilidad al liderazgo político chavista. Pero si se puede afirmar, como
correctamente lo hace Gerig, que el “problema central” de la economía nacional
no es la “restricción de sus ingresos ocasionada por la disminución de los
precios del petróleo”, sino “sus relaciones metabólicas con el mercado mundial
y sus concomitantes internas” (4), no es posible afirmar, como parecen sugerir
muchos análisis “progresistas”, que las más recientes agresiones
estadounidenses se explican por la incapacidad del Gobierno venezolano para
superar su relación de dependencia, por su decisión de reproducir lógicas
extractivistas o simplemente por su incompetencia en materia económica. Las
agresiones contra Venezuela obedecen a la vocación imperial de Estados Unidos.
En fin, ¿cómo soslayar los devastadores efectos de las
sanciones estadounidenses contra Venezuela, sobre todo a partir de agosto de
2017, y en particular su relación directa con el colapso de la producción
petrolera venezolana (5), circunstancia, por cierto, que se emplea frecuentemente
como ejemplo de incompetencia gubernamental?
Puestas estas preguntas sobre la mesa, entre otras que
pueden formularse, y hechas las precisiones conceptuales de rigor, corresponde
advertir sobre la existencia de otra posible trampa, que involucra
prácticamente a los mismos actores.
El 9 de julio de 2018, en un artículo publicado en *The New
York Times* (6), Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios se
referían a la situación venezolana como una de “las catástrofes económicas más
grandes de los últimos sesenta años”. Frases similares se repiten una y otra
vez: “Veinte años de chavismo han dejado a Venezuela en una condición de
invalidez tal que rescatarla va a requerir ayuda internacional en la acepción
más clásica del término”; “La tragedia que hoy flagela a Venezuela es uno de
los desastres humanos contemporáneos más grandes”. ¿Qué hacer? Los autores
plantean: “El hecho de que la tragedia venezolana sea producto de la
implantación gradual de un modelo de dominación social a través de la represión
y el hambre, le impone a la comunidad internacional la obligación de intervenir
para evitar una catástrofe humanitaria mayor”. En materia económica: “Para
comenzar a recuperarse, Venezuela va a requerir de un programa de reformas que
restablezcan los derechos de propiedad, la seguridad personal y jurídica y los
mecanismos de mercado”. Luego lo social: “También se necesitarán programas de
asistencia destinados a cubrir el enorme déficit de atención social heredado de
la revolución bolivariana”. La ruta está trazada de manera transparente, y pasa
en primer lugar por la solución política, luego lo central, que es lo
económico, y por último lo social: “intervención humanitaria”, neoliberalismo y
asistencia.
El mismo día en que Juan Guaidó se autoproclamaba
“Presidente Encargado”, *The New York Times* (7) publicaba un artículo de
Miguel Ángel Santos y José Ignacio Hernández en el que argumentan que, dado que
la Asamblea Nacional es el único poder legítimo en Venezuela, y al haber sido
reconocida como tal “por parte de la mayoría de los países representados en la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el parlamento europeo, además de
un grupo de tenedores de bonos reunidos en el Comité de Acreedores de
Venezuela”, esta circunstancia “le abre la posibilidad de ejecutar actos de gobierno
en el exterior”. Identifican como antecedentes al Consejo Nacional de
Transición de Libia, reconocido por el Reino Unido como “única autoridad de
gobierno” en 2011, y la Coalición Nacional por las Fuerzas Revolucionarias y
Opositoras de Siria, que en 2012 fue igualmente reconocida por el Reino Unido
como único representante de ese país. Anticipándose en cinco días a las
acciones del Departamento del Tesoro contra bienes e intereses de PDVSA en
territorio estadounidense (8), señalaban: “las acciones de la asamblea podrían
ir más allá: podrían abarcar desde la toma de refinerías y otros activos
propiedad del Estado venezolano, pasando por la apropiación de los activos
líquidos y proventos de ventas de petróleo que circulen por dichos países,
hasta la representación legal en procesos contra el Estado venezolano”. La
estrecha imbricación de estos personajes con los decisores del Gobierno
estadounidense es más que evidente.
El 27 de enero de 2019, Jeffrey Sachs escribe en *CNN* (9)
que, contrario a la posición de Hausmann y compañía (a quienes no refiere
explícitamente), está en desacuerdo con la política estadounidense de “cambio
de régimen” (_regime change_) y con su costumbre de hacer _bullying_
(prepotear) a Latinoamérica. Manifiesta su preocupación por lo que considera un
inminente “conflicto catastrófico” en Venezuela y sugiere que la decisión de
Estados Unidos de reconocer a Guaidó como “Presidente interno” complica aún más
la situación. No encuentra viable realizar elecciones en el corto plazo y cree
que “las dos partes deben compartir el poder temporalmente, hasta nuevas
elecciones, quizás en 2021”. Agrega: “Parece inconcebible, pero la historia
muestra que se puede hacer”. Pone como ejemplo Polonia en 1989. Durante la
transición, los “comunistas” tenían el control de la Presidencia, mientras que
la oposición (con mayoría en el Parlamento luego de las elecciones de junio de
1989) nombró al primer ministro, que a su vez tenía la potestad de formar
gabinete. Mientras, los “comunistas” retuvieron los ministerios de Defensa y
del Interior, pero no tenían relación alguna con el manejo de la economía.
Sachs cree que la fórmula es aplicable a Venezuela: Maduro continúa como
Presidente, los militares mantienen los ministerios de Defensa y del Interior,
la oposición toma el control del resto de los ministerios y del Banco Central
de Venezuela, Guaidó o algún otro asume el rol equivalente a primer ministro,
liderando al gabinete civil y definiendo las políticas económicas.
Por último, el 3 de febrero de 2019, Francisco Rodríguez y
Jeffrey Sachs escriben en *The New York Times* (10): “El historial de Estados
Unidos como agente que contribuye al cambio de régimen es muy deficiente”.
Refiriéndose a las sanciones contra Venezuela, y acercándose a posiciones que
pudieran parecer “progresistas”, afirman: “Es probable que el resultado sea una
catástrofe económica y humanitaria de una dimensión nunca antes vista en
nuestro hemisferio”. Plantean la necesidad de “una estrategia alternativa, una
que parta de una transición del poder negociada”, en primer lugar porque “el
pueblo de Venezuela no debe ser la víctima de una lucha por el poder entre
Maduro y la oposición, ni tampoco entre los actores externos que respaldan a
ambas partes”, declaración que vuelve a coquetear con cierto “progresismo”.
Insisten en el ejemplo histórico de Polonia y finalmente proponen: “ambas
partes deberían aceptar que un gobierno interino de expertos ayude a poner fin
al colapso económico y la hiperinflación de Venezuela. Este gobierno interino
debe tener un mandato limitado hasta lograr una estabilización y recuperación
económicas, a fin de llevar al país a nuevas elecciones dentro de uno o dos
años. Los líderes del gobierno actual, tal vez incluido Maduro, tendrían un
papel limitado y predeterminado en el gobierno interino —por ejemplo, mantener
el control de la defensa nacional—, pero sus poderes estarían circunscritos y
no incluirían la economía y la reforma del sistema electoral”.
IV.-
¿En qué términos estaría planteado este nuevo ardid? A
primera vista, el debate versa fundamentalmente sobre la manera más adecuada de
resolver políticamente el “problema” venezolano: ¿es por la vía de la
“intervención humanitaria”, lo que no excluye la celebración de elecciones
“libres y justas” en el corto plazo, o lo conveniente para todas las partes,
incluidos Estados Unidos, Rusia y China, es una transición pacífica y
negociada, con la coexistencia temporal de chavismo y antichavismo en el
Gobierno?
Sin embargo, lo central es la economía. El ardid consistiría
en ocultar deliberadamente el hecho de que todos los participantes en el debate
son partidarios de políticas de “libre mercado”, que se traduce invariablemente
en privatización, desregulación/flexibilización y recortes del “gasto público”.
Puede incluso que alguno de estos “expertos” sea lo suficientemente competente
como para “estabilizar” la economía nacional, con una pequeña gran ayuda de los
organismos multilaterales, pero sobre todo sin la presión que supone la
agresión económica permanente del imperialismo estadounidense y, más importante
aún, con la ventaja que significa la tregua que concederían los poderes
fácticos globales. La verdad, en tales circunstancias es realmente difícil ser
incompetente. Pero el precio a pagar sería nada menos que nuestra existencia
como nación libre, independiente y soberana: tendríamos una economía “estable”,
pero completamente recolonizada, y en consecuencia una sociedad marcadamente
desigual, justamente como la que vio nacer al chavismo en la década de los 90.
De todos, es quizá Ricardo Hausmann el más conocido por el
pueblo venezolano, quien lo recuerda como ministro de Planificación durante el
segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, cargo que ocupó entre febrero de 1992 y
junio de 1993, en sustitución de Miguel Rodríguez. Actualmente dirige el Centro
para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, institución con
la que están relacionados de una u otra forma Santos, Barrios y Hernández. Por
su parte, Francisco Rodríguez, quien también pasó por Harvard, está actualmente
al frente de la firma *Torino Capital*.
Jeffrey Sachs merece comentario aparte. En *La doctrina del
shock*, Naomi Klein lo llama “el nuevo doctor Shock” (el “original” es Milton
Friedman). Sachs se hizo mundialmente famoso tras su paso por Bolivia, en 1985,
historia que cuenta con detalle Klein en su libro (11). El 6 de agosto de aquel
año, Víctor Paz Estenssoro asumió la Presidencia del país suramericano. Cuatro
días después, designó a Gonzalo Sánchez de Lozada (el tristemente célebre
“Goni”) “para encabezar un equipo económico bipartidista de emergencia (y de
alto secreto) encargado de reestructurar radicalmente la economía. El punto de
partida de dicho grupo fue la terapia de _shock_ de Sachs”. El proyecto
resultante “consistía en una revisión tan radical y generalizada de una
economía nacional como nunca antes se había intentado en una democracia”, e
incluía: “eliminación de los subsidios de alimentos, la anulación de casi todos
los controles de precios y una subida del 300 % en el precio del petróleo” (o
de la gasolina). También contemplaba “congelación durante un año de los sueldos
de los funcionarios públicos”, “duros recortes en el gasto del Estado”, “abrir
por completo las fronteras bolivianas a las importaciones sin límites de
ninguna clase”, “reducción de plantilla de las empresas estatales como paso
previo a su privatización”. El plan fue ejecutado, y efectivamente el Gobierno
boliviano logró controlar la hiperinflación, pero el costo social fue
extraordinario (aumento del desempleo, pérdida de valor del salario real,
aumento de la pobreza, del hambre, de la desigualdad).
Para los partidarios del “libre mercado” en todo el mundo,
Sachs “había conseguido lo que tantos habían juzgado imposible: había
contribuido a organizar una transformación radical de signo neoliberal dentro
de los confines de una democracia y sin que mediara una guerra”. *The New York
Times* lo describió como un “evangelista del capitalismo democrático”. Apunta
Klein: “la terapia de _shock_ pudo por fin sacudirse el hedor de las dictaduras
y los campos de muerte que se había adherido a ella” desde que Milton Friedman,
líder espiritual de la cruzada neoliberal, asesoró a la dictadura de Augusto
Pinochet en Chile. “Bolivia había introducido una terapia de _shock_ de corte pinochetista
sin necesidad de un Pinochet y bajo un gobierno de centro-izquierda, nada
menos”. Ahora bien, contrario al relato dominante, “Bolivia demostró que la
terapia de _shock_ podía ser impuesta en un país que acababa de celebrar unas
elecciones, pero no evidenció que pudiese ser aceptada democráticamente o sin
represión; en realidad, volvió a ser una prueba evidente de todo lo contrario”.
La parte de la historia que no se cuenta es que el plan neoliberal fue
ejecutado en un contexto de estado de sitio, decretado por Paz Estenssoro para
intentar frenar la furia popular en las calles. Al año siguiente, cuando el
Gobierno procedió con el despido masivo de trabajadores, decretó nuevamente el
estado de sitio para contener las protestas. Realmente, “Bolivia proporcionó un
modelo para una nueva clase más digerible de autoritarismo: un golpe de Estado
civil llevado adelante, no por soldados de uniforme miliar, sino por políticos
y economistas trajeados y parapetados tras el escudo oficial de un régimen
democrático”.
Es muy probable que poca gente recuerde a dónde fue a parar
Jeffrey Sachs cuatro años después: sí, a Venezuela. Sachs fue asesor de Carlos
Andrés Pérez, y por supuesto no es casual la asombrosa similitud entre el
paquete de medidas neoliberales aplicado en Bolivia y el impuesto en Venezuela.
Hugo Chávez se refiere a aquellas circunstancias en los siguientes términos: “Y
el 16 de febrero, ante la sorpresa de sus propios seguidores, [Pérez] declaró
que le iba a aplicar inmediatamente al país, sin anestesia, una ‘terapia de
choque’ neoliberal exigida por el FMI. Apoyándose en su ministro de Fomento,
Moisés Naím, y su ministro de Planificación, Miguel Rodríguez Fandeo, y
aconsejado por Jeffrey Sachs, uno de los grandes fanáticos entonces del
ultraliberalismo, Carlos Andrés, ese día, anunció las ominosas medidas del
‘paquetazo neoliberal’: liberalización del comercio, supresión del control de
cambios, privatizaciones masivas de empresas públicas, recortes drásticos en
los programas de ayuda social, fuertes aumentos de los precios de los productos
y servicios de primera necesidad” (12).
El pueblo venezolano aun lloraba la muerte de miles de los
suyos a manos de la brutal represión de Estado, y se alistaba para protagonizar
nuevas rebeliones, cuando Jeffrey Sachs arribó a Polonia, convertido en el
“Indiana Jones de la economía”, como le llamó *Los Angeles Times*. De nuevo,
Naomi Klein cuenta la historia con suficiente detalle (13): Sachs viaja a
Varsovia de la mano de George Soros, y allí se reúnen tanto con los
“comunistas” como con el movimiento Solidaridad. Luego de la aplastante
victoria de éste último en las elecciones parlamentarias de junio de 1989,
“Sachs empezó su estrecha colaboración con el movimiento”. Les expresó a sus
líderes que, tal y como lo había logrado en Bolivia, podía conseguir que el FMI
aportara una ayuda significativa (unos 3 mil millones de dólares), pero que eso
pasaba por adoptar lo que la prensa polaca llamaba entonces el Plan Sachs.
Apunta Klein: “La trayectoria en él marcada era aún más radical que la impuesta
en Bolivia: además de la eliminación de los controles de precios de la noche a
la mañana y del recorte drástico de subsidios y subvenciones, el Plan Sachs
propugnaba la venta de las minas, los astilleros y las fábricas estatales al
sector privado. Aquello entraba directamente en contradicción con el programa
económico defendido por Solidaridad (basado en la propiedad de los
trabajadores)”. Sachs y David Lipton, entonces funcionario del FMI, redactaron
el plan en una noche, luego de lo cual sostuvieron numerosas reuniones con el
liderazgo de Solidaridad, para convencerlos de la necesidad de aplicarlo. “A
muchos de los líderes de Solidaridad no les agradaron en absoluto las ideas de
Sachs: el movimiento se había formado a raíz de una revuelta contra los
drásticos aumentos de precios impuestos en su momento por los comunistas y
ahora Sachs les estaba diciendo que hicieran lo mismo pero a una escala mucho
más generalizada”.
Cuando, el 12 de septiembre de 1989, Tadeusz Mazowiecki,
primer ministro polaco, tomó la palabra ante el Parlamento, muy pocos conocían
cuál había sido la decisión adoptada finalmente por el comité central de
Solidaridad respecto del rumbo que debía tomar la economía. “Mazowiecki estaba
a punto de anunciar el veredicto, pero, en medio de su trascendental discurso,
antes de que hubiese podido abordar la cuestión más candente a la que se
enfrentaba el país, algo empezó a andar mal. El primer ministro comenzó a
tambalearse, se aferró al atril y, según un testigo, «se puso pálido,
respirando con dificultad, y se le oyó murmurar: ‘No me siento muy bien’»”.
Tal cual había acontecido con Alejandro Izaguirre, el
ministro de Relaciones Interiores de Carlos Andrés Pérez, ciento noventa y seis
días antes.
Una hora después, y luego de recibir atención médica,
Mazowiecki pudo hacer su discurso: “Y, por fin, el veredicto: la economía de
Polonia sería tratada de su propia fatiga aguda con una terapia de shock de una
clase especialmente radical que incluiría «la privatización de las industrias
estatales, la creación de mercados bursátiles y de capitales, una moneda
convertible y una reconversión desde la industria pesada hacia la producción de
bienes de consumo», además de «recortes presupuestarios», todo ello practicado
a la mayor brevedad posible y de forma simultánea”.
V.-
Cuando Jeffrey Sachs, junto a Francisco Rodríguez, pone el
ejemplo de Polonia como fórmula “para llegar a un acuerdo en Venezuela”, muy
convenientemente omite lo que, sin embargo, relata Naomi Klein con detalle: “Puede
que, en Polonia, la terapia de shock fuese impuesta después de las elecciones,
pero, en realidad, supuso una burla del proceso democrático, ya que contradijo
directamente los deseos de la aplastante mayoría de los votantes que habían
apoyado a Solidaridad”. Como consecuencia directa de las medidas incluidas en
el Plan Sachs, aumentaron el desempleo y la pobreza. Solo la intensa
movilización popular evitó que los efectos fueran aún peores: “El hecho de que
los trabajadores polacos lograsen frenar la privatización íntegra de su país
significa que, por duras y penosas que fueran las reformas, aún pudieron haber
sido mucho peores. La oleada de huelgas salvó sin duda centenares de miles de
empleos que se habrían perdido si todas esas empresas supuestamente
ineficientes hubiesen cerrado o hubiesen sido sometidas a expedientes de
regulación de empleo y a reducciones drásticas de plantilla para su posterior
venta a manos privadas”. Más importante aún: “Curiosamente, fue a partir de
entonces cuando la economía de Polonia comenzó a crecer con rapidez, lo que
demostró, según el destacado economista polaco (y antiguo miembro de
Solidaridad) Tadeusz Kowalik, que quienes tanto afán parecían poner en
demostrar la ineficiencia y la obsolescencia de las empresas estatales estaban
«evidentemente equivocados»”.
Distinto de lo que plantean Sachs y Rodríguez, y también
Hausmann y compañía, el neoliberalismo está muy lejos de ser la solución para
Venezuela. Todo lo contrario: esta suerte de fanatismo del mercado produciría
un enorme perjuicio a la sociedad venezolana, mucho más del que ya ha producido
en años recientes, aunque ahora mismo nos pueda resultar inconcebible.
Pero tal vez no haya reflexión más oportuna, cuando se
cumplen treinta años del Sacudón, que la siguiente: en general el pueblo
chavista, pero sobre todo quienes tienen responsabilidades de Gobierno, y
específicamente en el manejo de la economía, están en la obligación de evitar
la trampa neoliberal. Porque es absolutamente cierto que el neoliberalismo ha
venido ganando terreno progresivamente en tanto que sentido común. El caso
Polonia nos enseña que la fortaleza de la economía nacional depende
directamente, entre otras cosas, de la fortaleza de sus empresas públicas.
Avanzar en la privatización de las mismas sin siquiera hacer un balance de su
desempeño, que por demás debe ser público, resulta políticamente peligroso e
irresponsable, y es algo que compromete seriamente nuestra soberanía. Si fuera
el caso, por ejemplo, que la corrupción compromete la eficiencia de determinada
empresa, lo que hay que combatir con fiereza es la corrupción, no sacrificar la
empresa y, con ella, a la clase trabajadora.
El mismo caso de Polonia también nos recuerda la importancia
decisiva de la movilización popular. Claro que es posible derrotar al
neoliberalismo en todas sus expresiones (las amenazas y agresiones del Estado
imperial estadounidense son expresión del neoliberalismo disciplinario) (14),
pero eso exige de nosotros movilización y unidad programática. Pararnos firmes
frente al neoliberalismo que, treinta años después, viene por la revancha, y no
como el policía Izaguirre, tambaleante frente al pueblo venezolano.
********
(1) Malfred Gerig. Discursos sobre una falsa elección:
deuda, importaciones y metabolismo en la crisis económica venezolana. ALAI, 22
de marzo de 2017. https://www.alainet.org/es/articulo/184296
(2) Malfred Gerig. El callejón sin salida de la deuda
externa venezolana. ALAI, 5 de noviembre de 2018.
https://www.alainet.org/es/articulo/196319
(3) Steve
Ellner. How Much of Venezuela’s Crisis is Really Maduro’s Fault? Consortium
News, 15 de febrero de 2019.
https://consortiumnews.com/…/how-much-of-venezuelas-crisis…/
(4) Malfred Gerig. Discursos sobre una falsa elección:
deuda, importaciones y metabolismo en la crisis económica venezolana. ALAI, 22
de marzo de 2017. https://www.alainet.org/es/articulo/184296
(5)
Alexander Campbell. What’s the Deal with Sanctions in Venezuela, and Why’s It
So Hard for Media to Understand? CEPR, 4 de febrero de 2019.
http://cepr.net/…/what-s-the-deal-with-sanctions-in-venezue…
(6) Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios.
Cómo salvar a Venezuela. *The New York Times*, 9 de julio de 2018.
https://www.nytimes.com/…/opinion-salvar-venezuela-crisis-…/
(7) Miguel Ángel Santos y José Ignacio Hernández. Por qué la
Asamblea Nacional debe representar a Venezuela en el exterior. *The New York
Times*, 23 de enero de 2019.
https://www.nytimes.com/…/2019/01/23/juan-guaido-nicolas-m…/
(8) Reinaldo Iturriza López. Venezuela y el “capitalismo del
desastre”. Telesur, 31 de enero de 2018.
https://www.telesurtv.net/…/Venezuela-y-el-capitalismo-del-…
(9) Jeffrey
Sachs. Here's how Venezuela can achieve a peaceful resolution to the crisis. *CNN*,
27 de enero de 2019.
https://edition.*CNN*.com/2019/01/26/opinions/heres-how-venezuela-can-achieve-a-peaceful-resolution-to-the-crisis-sachs/index.html
(10) Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs. Un llamado urgente
para llegar a un acuerdo en Venezuela. *The New York Times*. 3 de febrero de
2019. https://www.nytimes.com/…/…/03/venezuela-juan-guaido-maduro/
(11) Naomi Klein. La doctrina del shock. El auge del
capitalismo del desastre. Paidós Ibérica. 2007. Todas las citas sobre Bolivia
corresponden al capítulo 7 del libro, intitulado “El nuevo doctor Shock. La
guerra económica sustituye a la dictadura”. Págs. 193-209.
(12) Ignacio Ramonet. Hugo Chávez. Mi primera vida. Vadell
Hermanos Editores. Caracas, Venezuela. 2013. Pág. 492.
(13) Naomi Klein. La doctrina del shock. El auge del
capitalismo del desastre. Paidós Ibérica. 2007. Todas las citas sobre Polonia
corresponden al capítulo 9 del libro, intitulado “Portazo a la historia: crisis
en Polonia, masacre en China”. Págs. 231-260.
(14) Reinaldo Iturriza López. Venezuela: formar filas contra
el neoliberalismo disciplinario. Telesur, 13 de febrero de 2019.
https://www.telesurtv.net/…/Venezuela-formar-filas-contra-e…
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