Es un deber ciudadano
resistir al régimen que recurre a semejantes métodos para mantenerse en el
poder.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
brindar apoyo a la investigación del juez Alejo Ramos Padilla en el caso
Etchebest es un signo inequívoco de la gravedad de las conclusiones que permite
sacar la prueba que presentó el magistrado la semana pasada ante la Comisión de
Libertad de Expresión del Congreso de la Nación.
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos sintetizó así
el significado de esa prueba: "en la
República Argentina funciona desde hace tiempo una vasta red de espionaje
paraestatal nutrida de funcionarixs del Estado Argentino en su más amplia
expresión, tanto judiciales como políticxs, policiales y de servicios de
inteligencia tanto nacionales como extranjeros”.
La orden que después dio Mauricio Macri a su ultraderechista
Ministro de Justicia Germán Garavano para que exija al Consejo de la
Magistratura la remoción del juez, que según expertos pone al Presidente de la
Nación al borde del juicio político, no hace sino confirmar el peligro que
representa la pulsión despótica de esta secta neoliberal, que no quiere soltar
el poder.
La requisitoria de comparecencia del ministro cuya
presentación ante la Cámara de Diputados ya anunció el Ingeniero Rossi abre en
todo caso el camino a un probable conflicto de poderes cuya resolución, a esta
altura de las cosas, difícilmente deje ileso a ese abogado faccioso y servil a
los intereses más reaccionarios de la República Argentina.
El caso Etchebest, no solamente reveló la existencia de al
menos un grupo de tareas judiciales que rompe la ley en propio beneficio, tal
como los uniformados del régimen de 1976, con el fiscal y el juez de la
"transparencia anticorrupción" a la cabeza. También, y esto es mucho más grave, abrió de
par en par las puertas de la verdad sobre la condición deplorable en que se
encuentra hoy el Estado de Derecho en nuestro país.
Y, a nuestro juicio lo más grave aún, confirmó que la
República Argentina está sufriendo un gravísimo caso de colusión del poder judicial con los grandes medios de comunicación y
con una potencia extranjera para linchar mediáticamente a la oposición y eternizar
un régimen de minorías.
Los protagonistas revelados hasta el momento con plena
certeza son, básicamente, un periodista que ya ha perdido todo límite ético y
profesional, como Daniel Santoro, un deslenguado agente de inteligencia
estadounidense, como Marcelo D'Alessio, y magistrados corrompidos de codicia y
cegados por el odio partidista, como el Fiscal Carlos Stornelli.
A poco andar, y a
partir de un solo allanamiento en una querella por extorsión iniciada por un
ciudadano particular, el juez Ramos Padilla tropezó con una vasta y
tenebrosa organización de espionaje, manipulación de la opinión pública,
persecución política, y otros rubros anexos, encabezada por Stornelli, el supuesto ariete de la más supuesta aún
búsqueda macrista de transparencia sobre la corrupción imperante en la
Argentina durante el gobierno que lo antecedió.
Los alcances de esa asociación ilícita aún no han sido
determinados con exactitud. Es probable que el prematuro levantamiento del
secreto del sumario, forzado por otro juez de Comodoro Py, Julián Ercolini,
impida conocer todos los detalles de esta trama siniestra, al haber puesto en
alerta a todos los posibles involucrados, que deben de estar trabajando horas
extra para destruir pruebas.
Sin embargo el apoyo de la mismísima Corte Suprema, harta
probablemente de los manoseos y presiones de los doctores Garavano y Angelici,
hará más difícil la intentona.
Por lo pronto, están señaladas como participantes al menos
las diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto, y un tropel de documentos grita
que la Embajada de Estados Unidos ha venido dirigiendo toda la operativa. Tanto
la conspiración del silencio de la gran prensa como la reunión urgente de
involucrados organizada por esa sede diplomática durante la exposición misma del juez Ramos Padilla deben ser considerados
como confesiones de parte.
Lamentablemente, en nuestro país solamente se considera
traición a la patria este tipo de accionar en caso de conflicto militar
abierto. Seguramente en una futura Constitución, que se adapte a estos tiempos
de guerras híbridas, haya que reconsiderar ese límite ya perimido.
Hasta que se actualice el texto constitucional, sin embargo,
Patria y Pueblo convoca a toda la
ciudadanía a resistir por todos los medios estos ataques contra las más
elementales garantías constitucionales, verdadero obstáculo a demoler para este
gobierno carente por completo de patriotismo y sensibilidad.
Advertimos además a los posibles sucesores de este horrible
régimen que sin exonerar de estos verdaderos representantes civiles del Proceso
de Reorganización Nacional todas las estructuras de los tres poderes del Estado
Federal y de los provinciales crecerá la inestabilidad política en toda la
República Argentina.
Al fin de cuentas, quienes nos gobiernan hoy reivindican el
bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, en el que murieron más
de 350 personas inocentes. Quien puede hacer algo así, puede hacer cualquier
cosa, incluso recurrir a guarimberos traídos ex profeso de Venezuela para
desatar la peor violencia urbana.
Mesa Nacional
Néstor Gorojovsky -
Secretario General
Bailón Gerez - Aurelio Argañaraz – Laura Gastaldi - Rubén
Rosmarino - Pablo López - Hugo Santos - Jacinto Paz - Gastón González – Juan
Maria Escobar
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