UN SISTEMA DE VIOLENCIA PARAOFICIAL PARA ANULAR TODOS LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Es un deber ciudadano resistir al régimen que recurre a semejantes métodos para mantenerse en el poder.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de brindar apoyo a la investigación del juez Alejo Ramos Padilla en el caso Etchebest es un signo inequívoco de la gravedad de las conclusiones que permite sacar la prueba que presentó el magistrado la semana pasada ante la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación.

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos sintetizó así el significado de esa prueba: "en la República Argentina funciona desde hace tiempo una vasta red de espionaje paraestatal nutrida de funcionarixs del Estado Argentino en su más amplia expresión, tanto judiciales como políticxs, policiales y de servicios de inteligencia tanto nacionales como extranjeros”.

La orden que después dio Mauricio Macri a su ultraderechista Ministro de Justicia Germán Garavano para que exija al Consejo de la Magistratura la remoción del juez, que según expertos pone al Presidente de la Nación al borde del juicio político, no hace sino confirmar el peligro que representa la pulsión despótica de esta secta neoliberal, que no quiere soltar el poder.

La requisitoria de comparecencia del ministro cuya presentación ante la Cámara de Diputados ya anunció el Ingeniero Rossi abre en todo caso el camino a un probable conflicto de poderes cuya resolución, a esta altura de las cosas, difícilmente deje ileso a ese abogado faccioso y servil a los intereses más reaccionarios de la República Argentina.

El caso Etchebest, no solamente reveló la existencia de al menos un grupo de tareas judiciales que rompe la ley en propio beneficio, tal como los uniformados del régimen de 1976, con el fiscal y el juez de la "transparencia anticorrupción" a la cabeza. También, y esto es mucho más grave, abrió de par en par las puertas de la verdad sobre la condición deplorable en que se encuentra hoy el Estado de Derecho en nuestro país.

Y, a nuestro juicio lo más grave aún, confirmó que la República Argentina está sufriendo un gravísimo caso de colusión del poder judicial con los grandes medios de comunicación y con una potencia extranjera para linchar mediáticamente a la oposición y eternizar un régimen de minorías.

Los protagonistas revelados hasta el momento con plena certeza son, básicamente, un periodista que ya ha perdido todo límite ético y profesional, como Daniel Santoro, un deslenguado agente de inteligencia estadounidense, como Marcelo D'Alessio, y magistrados corrompidos de codicia y cegados por el odio partidista, como el Fiscal Carlos Stornelli.

A poco andar, y a partir de un solo allanamiento en una querella por extorsión iniciada por un ciudadano particular, el juez Ramos Padilla tropezó con una vasta y tenebrosa organización de espionaje, manipulación de la opinión pública, persecución política, y otros rubros anexos, encabezada por Stornelli, el supuesto ariete de la más supuesta aún búsqueda macrista de transparencia sobre la corrupción imperante en la Argentina durante el gobierno que lo antecedió.

Los alcances de esa asociación ilícita aún no han sido determinados con exactitud. Es probable que el prematuro levantamiento del secreto del sumario, forzado por otro juez de Comodoro Py, Julián Ercolini, impida conocer todos los detalles de esta trama siniestra, al haber puesto en alerta a todos los posibles involucrados, que deben de estar trabajando horas extra para destruir pruebas.

Sin embargo el apoyo de la mismísima Corte Suprema, harta probablemente de los manoseos y presiones de los doctores Garavano y Angelici, hará más difícil la intentona.

Por lo pronto, están señaladas como participantes al menos las diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto, y un tropel de documentos grita que la Embajada de Estados Unidos ha venido dirigiendo toda la operativa. Tanto la conspiración del silencio de la gran prensa como la reunión urgente de involucrados organizada por esa sede diplomática durante la exposición misma del juez Ramos Padilla deben ser considerados como confesiones de parte.

Lamentablemente, en nuestro país solamente se considera traición a la patria este tipo de accionar en caso de conflicto militar abierto. Seguramente en una futura Constitución, que se adapte a estos tiempos de guerras híbridas, haya que reconsiderar ese límite ya perimido.

Hasta que se actualice el texto constitucional, sin embargo, Patria y Pueblo convoca a toda la ciudadanía a resistir por todos los medios estos ataques contra las más elementales garantías constitucionales, verdadero obstáculo a demoler para este gobierno carente por completo de patriotismo y sensibilidad.

Advertimos además a los posibles sucesores de este horrible régimen que sin exonerar de estos verdaderos representantes civiles del Proceso de Reorganización Nacional todas las estructuras de los tres poderes del Estado Federal y de los provinciales crecerá la inestabilidad política en toda la República Argentina.

Al fin de cuentas, quienes nos gobiernan hoy reivindican el bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, en el que murieron más de 350 personas inocentes. Quien puede hacer algo así, puede hacer cualquier cosa, incluso recurrir a guarimberos traídos ex profeso de Venezuela para desatar la peor violencia urbana.

Mesa Nacional
Néstor Gorojovsky - Secretario General
Bailón Gerez - Aurelio Argañaraz – Laura Gastaldi - Rubén Rosmarino - Pablo López - Hugo Santos - Jacinto Paz - Gastón González – Juan Maria Escobar

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