El reciente fallo contra la dirigente popular Milagro Sala
demuestra, como si hicieran falta más pruebas, que desde la victoria de
Cambiemos en 2015 el gobernador Gerardo Morales y su oposición cómplice
convirtieron la judicatura jujeña en empleados de un gran laboratorio del
crimen judicial.
La prisión de Milagro Sala, sin pruebas ni cargos, la
multiplicidad de causas inventadas a las que se la obliga a responder, la
destrucción física y económica de la inmensa obra de reparación de la vida de
los eternos postergados de Jujuy no son más que una gigantesca venganza de
clase.
Esta operación requirió un desvergonzado amaño del Poder
Judicial de la provincia, que contó con la anuencia del régimen mitrista y
oligárquico de ocupación extranjera que encabeza Mauricio Macri y el
beneplácito de la Embajada estadounidense, muy en especial de su embajador, el
"mejorador de la justicia" Edward Prado.
Todo esto se está ejecutando como primera parte de una vasta
operación de guerra de clases contra el pueblo argentino, que los lechuguinos y
cobardes denominan "lawfare", bajo la benévola mirada del abogado de
empresas imperialistas Germán Garavano.
Para cumplir su cometido, al chozno de encomenderos Morales
no le tembló la mano en sus primeras medidas en el campo de la administración
de Justicia, que se ha convertido en látigo sectario y clasista en manos de
jueces que ni siquiera pudieron pasar nunca un examen decente para asumir su
cargo, como la Dra. Tolaba, cofirmante del inicuo fallo condenatorio.
Quienes hoy disfrutan de una impunidad de corto alcance
terminarán temblando ante la justicia que ejercerán las masas cuando los
argentinos, y no estos "natives" al servicio del gran capital y los
Estados Unidos, volvamos a gobernar nuestra patria y nuestras provincias.
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