El principio rector de la democracia es el
principio de la supremacía de la soberanía popular libremente expresada, sin
limitación de ningún tipo. Ninguna norma puede recortar su libre ejercicio,
deformarla o limitarla en algún sentido sin convertirse automáticamente en una
disposición antidemocrática.
El modo en que se expresa la supremacía
jurídica de la voluntad popular es el respeto a rajatabla del derecho a la
plena expresión electoral de las masas. Ese respeto es por lo demás la única
base de legitimación posible del estado de derecho.
No obstante, la Constitución de 1994
prohíbe la reelección sucesiva e indefinida para el cargo de presidente de la
Nación. Esa limitación coarta gravemente a las
masas populares el libre y pleno ejercicio de sus derechos democráticos,
sustento necesario y exclusivo de toda legitimidad institucional. En
consecuencia, el texto constitucional obstaculiza gravemente la plena vigencia
del estado de derecho que todo texto constitucional debería asegurar.
La proscripción del pueblo
Nadie ignora que, si no la proscribiera la
Constitución vigente, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner sería la candidata
presidencial del Frente para la Victoria y se impondría en los comicios del año
que viene. Si así no fuera, el pueblo argentino lo habría resuelto, en elecciones
libres. Pero esa posibilidad está vedada por el orden legal vigente.
No hablamos, por tanto, de un derecho
personal de la actual presidente. Atendemos al hecho de que pueda presentarse a
la compulsa electoral, ya que ese es el único modo de que nuestro pueblo
disponga (o no) su continuidad en el cargo.
Tanto la proscripción de Perón durante 18
años como la de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner cercenan la potestad
soberana del pueblo. Ambos tienen como objetivo poner fin al proyecto nacional.
El hilo conductor es la proscripción del pueblo y el cierre una vez más del
ciclo popular
No podemos andar con remilgos
“republicanos” cuando lo que está en juego es la suerte del proyecto nacional y
el destino mismo de nuestro País y de la Patria Grande. La Izquierda Nacional
está dispuesta a defender la soberanía del pueblo y a llevar adelante el
Proyecto Nacional hasta las últimas consecuencias. No acatamos la estrategia de
la oligarquía que nos impide participar con candidatos que concitan la mayor
adhesión en el campo popular.
La mejor manera de comprender la
importancia de la candidatura de la Dra. Fernández de Kirchner es observar las
conductas de nuestros enemigos ante el discurso de su hijo Máximo en el estadio
Diego Armando Maradona de Argentinos Júniors. La mera mención de una posible
reelección les erizó la piel, y tratan de atar a la oposición con pactos
espurios para asegurarse que no cederá frente a los derechos políticos del
pueblo.
Así como el frente oligárquico suscribe
ilegales compromisos de no reformar la Constitución ni dar quórum, el frente
nacional está en todo su derecho de suscribir el compromiso de llamar a nuevas
elecciones para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía popular
El
vicio de origen de la Constitución de 1994
Cabe señalar que no corresponde aquí el
argumento de que ese orden legal es jurídicamente incuestionable dado que se
trata de un precepto constitucional. Muy por el contrario, todo el texto de la
Constitución de 1994 padece un vicio de origen que debe sanearse cuanto antes, en
defensa precisamente de la pureza que deben tener las normas democráticas para
que se las pueda esgrimir como fuente de legitimidad para cualquier gobierno, y
en especial para un gobierno de base popular y orientación patriótica como el
actual.
Efectivamente, el Poder Constituyente,
fuente suprema de toda legitimidad, admitió en 1994 que sus deliberaciones
se sometieran a lo acordado, a espaldas del pueblo argentino, por dos
ciudadanos privados en lo que se terminó conociendo como el Pacto de Olivos.
Esta cesión de jurisdicción es inadmisible hasta desde el punto de vista de
la buena técnica jurídica, ya que el Poder Constituyente mal puede someterse a
ningún otro, y mucho menos a un acuerdo entre privados.
Pero el Pacto es, esencialmente,
políticamente inaceptable. Los firmantes eran el Dr. Carlos Saúl Menem y el Dr.
Raúl Ricardo Alfonsín, cuyos intereses no consultaban en lo más mínimo el de la
patria y del pueblo argentinos.
Menem se mantenía en el poder tras haber
traicionado a sus votantes y ejecutado el programa del Almirante Isaac Rojas,
con quien llegó a abrazarse en un acto público para reafirmar la dimensión de
su felonía. Alfonsín era el jefe de un partido en retirada, que desde el poder
intentó salvar las formalidades democráticas al precio de entregar la Nación a
la voracidad imperialista y oligárquica.
Fueron estos los dos hombres que
decidieron, por sí y ante sí, cuáles serían las atribuciones de la
Constituyente. Solo el Obispo Jaime de Nevares se alzó contra ese atentado a la
soberanía de la Asamblea. Este origen pone en cuestión incluso los eventuales
puntos positivos de la Constitución de 1994. No es la primera vez que derechos
formalmente “más avanzados” se usan en nuestro país para derogar otros
sustancialmente más fundamentales.
El rechazo al derecho a la reelección
presidencial indefinida tiene una raíz antidemocrática en general, y claramente
antiperonista (es decir, antidemocrática y entreguista) en el caso argentino.
La Constituyente de 1957 admitió la
derogación por decreto del texto de 1949, que abrogó al mismo tiempo el
derecho a la libre reelección y los artículos 38, 39 y 40 que garantizaban la
soberanía económica nacional. Se liquidó así el núcleo institucional previo al
golpe de estado.
En 1994, después del vendaval procesista,
alfonsinista y menemista con que se coronó el ciclo contrarrevolucionario
abierto en junio y setiembre de 1955, lo único que había que asegurar a toda
costa era la restricción de la voluntad soberana de las mayorías para impedir
un nuevo salto adelante. Eso quedó garantizado por el pacto de Olivos, así como
la Libertadora fue garantizada por la Constitución de 1957.
Aún aquello que no puede cuestionarse en el
plano abstracto de lo jurídico, debe modificarse de todos modos porque su vicio
político de origen hace que lesione un valor más alto, el ejercicio no
restringido del derecho a elegir de las grandes mayorías.
Aquello que pactaron dos ciudadanos pueden
anularlo las masas
Patria y Pueblo convoca a todas las fuerzas políticas del campo nacional, pero en
particular al mayoritario peronismo -y muy en especial al kirchnerismo- a
convocar a una movilización política de masas que exija al Congreso el llamado
inmediato a una Asamblea Constituyente, para reformar la Constitución del Pacto
de Olivos y corregir, particularmente, el artículo que prohíbe la reelección
indefinida del presidente de la Nación, de modo de asegurar que la voluntad
popular pueda expresarse sin condicionamiento alguno.
Recalcamos: el espíritu de esta disposición
antidemocrática consiste en suplantar el respeto a la voluntad mayoritaria por
el “consenso” favorable al interés minoritario y reemplazar el principio rector
de la soberanía popular por el de la “alternancia”. Sus defensores pretenden
sustituir con un periódico reparto de achuras la libre expresión de la voluntad
popular, y a eso lo bautizan “democracia”. En toda Latinoamérica, este es el
caballito de batalla de las fuerzas oligárquicas. Integra la estrategia del
Consenso de Washington para reimplantar las políticas impuestas por los centros
financieros del imperialismo mundial.
Nuestra decisión de no allanarnos a las
reglas de juego de la oligarquía es inquebrantable, no solo con relación a esto
sino también con relación al carácter del candidato. Entre uno “buenito y
educado” y una “soberbia e intratable” nos quedamos con la segunda, porque
soberbio y altanero debe ser el pueblo cuando de defender sus intereses se
trata.
Hay aquí otro motivo más para impulsar la
reelección indefinida. Si prosperase la propuesta y la Dra. Fernández de
Kirchner fuere reelecta, al llegar a su tercer mandato bajo el empuje de las
grandes masas se habrá legitimado con mucho mayor potencia que a través de una
elección de rutina y la naturaleza de la nueva alianza de clases sobre la que
discurrirá su accionar se verá reflejada en este último. Pero sería falaz
argumentar que la proscripción afecta a la persona física Cristina
Fernández de Kirchner. De ningún modo: afecta a una persona política
colectiva, el pueblo argentino.
Nace de una constitución formalmente válida,
pero de viciada legitimidad política, cuando no jurídica. Reformarla es un
deber democrático inocultable. Corresponde, al menos, librar la batalla por
ese objetivo. En caso de no hacerse así, se estará debilitando la legitimidad
política del próximo gobierno de los argentinos.
Sin desmedro de considerar que la renuncia a
ese combate no solo es un gravísimo error sino también una falta al mandato
popular, Patria y Pueblo señala también al partido de gobierno que aún
en ese caso se puede, al menos, asegurar que en las próximas elecciones se
salvaguarde al menos parcialmente el principio de soberanía popular.
La democracia en el seno del campo popular
Si el propio partido de gobierno renunciara
a luchar por la necesaria reforma, es preciso dar al trámite de elección del
candidato presidencial del campo popular una modalidad que asegure la unidad de
todas las tendencias que compiten en el seno del Frente para la Victoria y, en
sentido general, tienda a reunir a la suma de los sectores y fuerzas sociales
interesadas en sostener el rumbo iniciado en el 2003, con la presidencia de
Néstor Kirchner, pertenezcan o no al Frente de la Victoria, estén o no
agrupadas en “Unidos y Organizados”, etc.
Ante todo, debe asegurarse un debate
franco, amplio y sin límites, de cara a las bases de apoyo al gobierno. Sin
olvidar, no obstante, que los precandidatos del Frente tienen entre si diferencias
de matices: por significativas que sean, no justifican una contienda feroz,
o desorbitada, que disperse a los propios. Ni por un instante debe ignorarse
que a todas las corrientes del campo nacional nos distancia, respecto al
enemigo, un abismo ideológico y una oposición de proyectos antagónica, la que
separa la lucha por el interés nacional y la inclusión social, que nos define
como conjunto, de la lucha por retornar al orden neoliberal anterior a la
crisis del 2001.
Ese objetivo reúne –ellos sí, férreamente
agrupados en nuestra contra aunque se acuchillen entre sí por el puesto que
quieren ocupar– a los núcleos de poder económico concentrado, la élite
parasitaria que succiona al país y sus soportes políticos, Macri, Massa, Sanz,
Binner, Cobos, Carrió, y otros. Como se ve en el vecino Brasil, por dispares
que sean sus orientaciones programáticas, pueden sumar –con el apoyo del
imperialismo y del sistema mediático- masa crítica suficiente como para
derrotar a un candidato del campo nacional en segunda vuelta, o al menos
dejarle una mayoría escueta que lo haga más maleable a sus conspiraciones.
El poder económico concentrado, el
imperialismo y sus socios, no encuentran dificultades para generar modos de
centralización política: tienen, es obvio, el poder real y su dominio es “algo
dado”. Hasta una nulidad tiránica (Videla) o “democrática” (De la Rúa) les
basta y sobra para sostener “el orden”. No ocurre lo mismo con las fuerzas
populares, que precisan librar una dura lucha ideológica y práctica para dar al
frente nacional una dirección que emerja del protagonismo de las masas y esté
capacitada para sortear los escollos que el país enfrenta, para preservar sus
logros y profundizar el rumbo.
La confrontación decisiva hará que el
abanico contrarrevolucionario (más que opositor) se convierta en un coágulo
petrificado capaz de descoser en nuestro campo las eventuales costuras
flojas, evitables si se aseguran caminos de debate interno adecuados a la
unidad que se requiere. No se trata de redactar un manual de modales
aceptables. Se trata de encontrar las vías de confrontación y conciliación
de las distintas tendencias legítimas que enriquezcan al conjunto de las
fuerzas que integran el campo nacional.
Solo a partir de allí se tendrá la certeza
de que, aun padeciendo los límites impuestos a la soberanía popular por un
texto constitucional cuestionable, se podrá contar con un candidato que
aglutine las fuerzas del conjunto y no las disperse. Las heridas evitables
atentan contra la victoria.
La necesidad de preservar la unidad del
campo propio
La elección de candidatos por métodos
democráticos y el debate franco, unen y fortalecen al activo militante.
Lamentablemente, no siempre ha sido éste el
caso. Hemos padecido candidatos y decisiones
impuestas desde una cúpula poco receptiva de las advertencias críticas formuladas
con franqueza, actitud que aprovechan los cuantiosos trepadores que, como
alguna vez definiera Jorge Abelardo Ramos, se sirven del Estado con el pretexto
de servirlo.
La imposición de candidatos, o de pactos a
contramano de los programas, sin atender a la base, no unifica las fuerzas,
aunque pretenda tal cosa; destruye, desmoraliza, desune, o, peor aún, propicia
indirectamente conductas que perpetúan el hábito de los súbditos de la colonia
española con relación al muy distante monarca: “obedecer de palabra… y hacer
otra cosa”. La degradación del Estado nacional con respecto a los provinciales,
y la de éstos con respecto a los municipios (otro efecto nefasto de la
Constitución de 1994) potencia estos peligros.
Patria y Pueblo no tiene derecho ni intención de legislar sobre internas
ajenas. Pero, por integrar desde siempre el campo nacional, la Izquierda
Nacional, cuya expresión política somos hoy, puede y debe señalar su
posición ante el desafío singular del 2015, en el que estará en juego el
destino de la patria. Es la trascendencia de la cuestión, no nuestra opinión,
la que impone un cuidado particular en los métodos.
No sacralizamos una u otra forma
institucional, por razones formales: se trata de definir un modelo constructivo
de relaciones internas, modos de convivencia y de discusión de las diferencias,
entre las distintas clases que componen el frente nacional. La coyuntura
sugiere evitar las prácticas que llevaron a la debilidad relativa del
movimiento popular que se hizo notoria en las elecciones parlamentarias del
2013, cuyo resultado no puede explicarse solo planteando que fueron
“parlamentarias de mitad de mandato”.
Verticalismo duro y legitimación blanda
Cuando está en juego el futuro mismo, sólo
la claridad muestra el camino. La Izquierda Nacional siempre fue transparente y
no dejará de serlo en la presente coyuntura.
Sin olvidar a quienes honran banderas antes
que ascensos, tenemos en claro que la “rama política” es muy permeable a las
sugestiones del que gobierna, sea Menem o Néstor Kirchner. Y en el mundo
obrero, donde tenía respaldo el verticalismo efectivo del General Perón, pese a
los avances en la distribución del ingreso y la recuperación de las paritarias,
el liderazgo kirchnerista no logró construir una relación directa con
las masas que se asemeje al liderazgo del General Perón.
Entre otras muchas cosas, no hubo aquí un
17 de Octubre, claro fundamento de la jefatura “incuestionable” del movimiento
nacional. Esto lo soslayan los “aplaudidores” seriales tan concurrencistas a
cuanto acto se les indique y siempre dispuestos a aplastar cualquier
cuestionamiento… a quien circunstancialmente esté en el poder. La (real o
supuesta) incuestionabilidad del mandato de Perón derivaba de la plenitud de la
legitimación que recibió de la clase trabajadora argentina, que salió a jugarse
la vida por él –y no retóricamente- en la hora incierta en que la conspiración
antinacional lo había arrinconado.
Grandes son los títulos de Néstor y
Cristina Kirchner en la defensa de la patria y el interés general del pueblo
argentino, y muy en especial el de haber sabido interpretar el sentido del
alzamiento masivo de diciembre de 2001 que empezó a clausurar el largo período
de contrarrevolución abierto en 1955. Sin embargo, la legitimación
plebiscitaria de Octubre del 45 se les ha negado. La movilización por un tercer
mandato de la Dra. Kirchner bien podría ser un camino para obtener resultados
similares, pero solo si se la encara con decisión de victoria, amplitud de
miras y alianzas plenamente abarcativas.
La potencia movilizadora del movimiento
obrero fue y será siempre decisiva a la hora de enfrentar al imperialismo
mundial y sus socios internos. Como cimiento de la autoridad de un gobierno
popular, no hay triunfo electoral, por espectacular que sea, que pueda
suplantar a la movilización de masas. El ciudadano atomizado en millones de
decisiones individuales ante las urnas no legitima con la misma potencia que la
masa de partidarios dispuestos a todo para defender un proyecto en las calles.
Sin legitimación de masas ante la
conspiración oligárquica, el ejercicio de la conducción vertical se aleja de la
posición ratificada invariablemente por Perón. El verticalismo de Perón fue consecuencia
de la legitimación. No la precede, surge después de ella. El intento de
sostenerla sobre la base de una elección estupenda, pero de rutina (es decir no
arrancada de las garras de la contrarrevolución para reelegir a Cristina
Fernández de Kirchner), provocó más problemas que soluciones. Por ejemplo,
facilitó las maniobras de seducción extraña encaradas por Massa y otros
impresentables, cuyo “éxito” explica los rasgos específicos que tuvo la mengua
electoral sufrida en el 2013, que canceló las chances de reformar la
constitución y restablecer el derecho del pueblo argentino a reelegir sin
trabas a un líder nacional.
Es hora de tomar nota, creemos, de las
debilidades que impone el modo verticalista de conducción política, una
flaqueza ya observada por Perón mismo, cuando denunció que lo rodeaban
“adulones y chupamedias”, sin alterar, no obstante, ese modo de conducción, que
generó el distanciamiento de grandes patriotas como Jauretche y Scalabrini,
“sustituidos” por una corte de burócratas incondicionales.
POR TODO LO DICHO, PATRIA Y
PUEBLO RESUELVE:
1. Instar a los compañeros del Frente para la Victoria a luchar por
la reelección presidencial indefinida; plantear la exigencia a las fuerzas
democráticas de apoyar el llamado a una Convención Constituyente y reformar la
constitución del Pacto de Olivos. Lanzar una campaña de movilización política
de las grandes masas en apoyo a la medida, reclamando la supresión de la
cláusula proscriptiva actual. En ese combate, Patria y Pueblo estará
presente con toda su decisión militante y patriótica. La mayoría del pueblo
argentino, ante la legitimidad del reclamo, se sumará a la iniciativa. Organizaciones
sociales y, especialmente, el movimiento obrero, tendrán un papel de primer
orden.
2. Si dicho objetivo no pudiera alcanzarse o las tendencias del
Frente para la Victoria lo desecharan como meta, sin desmedro de nuestra
opinión contraria a esto último convocamos a que en la medida de lo posible el
candidato que facilite la unión y ampliación de las fuerzas que componen el
campo popular con miras a las elecciones de 2015 surja de un debate franco
entre los más diversos integrantes del campo nacional.
a.
Este debate deberá incluir también la propuesta de un pacto
patriótico que incorpore a la plataforma de todos los elegibles el compromiso
de convocar una reforma constitucional que elimine toda cláusula proscriptiva y
de considerar un mecanismo para que nuevas elecciones, si se considera
adecuado, terminen de perfeccionar el proceso de legitimación así abierto.
3. Advertir que el país enfrenta enormes desafíos, junto a los
pueblos hermanos de la América Latina, en medio de una crisis que lleva al
mundo a conflictos mayúsculos. Los cambios de índole institucional deben servir
para consolidar un movimiento nacional de amplitud y fortaleza acordes a los
desafíos que aquello representa. Enfrentar este planeta turbulento exigirá que
se tomen las disposiciones necesarias para consolidar aciertos aglutinadores y
corregir errores dispersivos del pasado reciente, puesto que de estos últimos
solo se benefician los enemigos de nuestra patria.
4. Señalar enfáticamente que deben superarse los conflictos y
distanciamientos en la relación entre el gobierno, el movimiento obrero y la
pequeña burguesía (en particular, aunque no exclusivamente, asalariada), para
cerrar filas con la totalidad de los sectores objetivamente interesados en defender
lo nacional y neutralizar la capacidad de confundir de los cantos de sirena
que, por “izquierda” o por “derecha”, puedan erosionarnos y dar ventajas al
bloque antinacional.
5. Restaurar plenamente el respaldo de la clase trabajadora y los sectores
más populares de nuestra clase media. Estas bases de apoyo no se sustituirán
buscando sin tino la simpatía de sectores democrático-liberales de la pequeña
burguesía, por la vía del sometimiento del conjunto del movimiento a sus
prejuicios y no a sus virtudes mientras se encapsula al núcleo histórico del
movimiento nacional en una obediencia ciega contraproducente.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014
MESA NACIONAL
Néstor
Gorojovsky, Secretario General
Bailón
Jerez, Juan María Escobar, Pablo López, Rubén Rosmarino, Lorena
Vazquez, Hugo Santos, Aurelio
Argañaraz,Silvio Zuzulich, Edgardo Sánchez, Jacinto Paz
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