La Suprema Corte acaba de rechazar el recurso de per saltum planteado por el gobierno nacional en torno a la
demorada Ley de Medios. Con este acto se une al alzamiento del Poder Judicial
ya iniciado antes con una serie de fallos adversos, que continuaron
posteriormente. Los magistrados regiminosos
controlan ese poder del Estado como si nada hubiera pasado en el país en los
últimos diez años.
Los jueces perciben que el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el moyanismo
significó la ruptura de la alianza plebeya entre clases medias y movimiento
obrero. Entienden como nadie que esa quiebra produjo un debilitamiento del
gobierno que mejor supo interpretar el alzamiento
del 19 y 20 de diciembre de 2001. Y los elementos más reaccionarios de la
judicatura aprovechan entonces para mostrar su verdadera raíz antipopular y
antinacional.
Ahora nos enteramos de que para la Corte instalada por Néstor Kirchner
carece de gravedad institucional un
retardo de tres años y medio en la aplicación de una ley fundamental, que contó
con aprobación mayoritaria de casi todo el Congreso. Corresponde, en cambio, empantanarla
en los laberintos de la justicia ordinaria para que los avenegra del grupo
monopólico Clarín la obstaculicen con multitud de recursos, contrarrecursos,
apelaciones y contraapelaciones hasta que, eventualmente, en el Ejecutivo
aparezca alguien más manejable que Cristina Fernández de Kirchner. Esperan que
esa persona deje sin efecto los artículos más importantes y más democráticos de
toda la ley: los referidos a la desinversión.
Pero el alzamiento judicial es es general. Para no dar más que algunos
ejemplos, los jueces liberan de culpa y cargo a Fernando de la Rúa, que accedió
al poder con dos muertos y salió de él con treinta y ocho, condenan a cuatro
años de prisión a Felisa Micelli por un oscuro episodio en el que realmente no
hay prueba alguna, o liberan a una banda de mafiosos tucumanos aduciendo
ausencia de pruebas en delitos en los que no puede haberlas. Esta justicia nos
debe de estar preparando nuevas amarguras, ahora que se siente libre de
retornar a su papel tradicional de última línea de defensa del privilegio, del atraso
y de la entrega.
Cuando el presidente Néstor Kirchner sustituyó la indescriptible corte
menemista por la actual, Patria y Pueblo expresó su beneplácito pero alertó
sobre el escaso patriotismo de muchos de los integrantes de la nueva Corte.
Lamentablemente, no nos equivocamos. También avisamos, más adelante, que si el
gobierno argentino rompía la alianza plebeya entre las clases medias y los
sectores más combativos del movimiento obrero entraría en una espiral de
creciente debilidad. Es lo que estamos viendo ahora: el estáblishment empieza a
ganar fuerza y a mostrar sus dientes en este fin de año que no solo está
ensombrecido por cuatro muertes inaceptables, sino también por estos signos
claros de paulatino envalentonamiento de los enemigos de la Patria.
Conseguir el imperio de la ley, la igualdad de todos ante los estrados
de la justicia, es, en la Argentina, un objetivo revolucionario. No se lo puede obtener por mecanismos reformistas.
Ésa es la verdad. Ojalá que el gobierno argentino lo perciba antes de que sea
demasiado tarde.
Podrá contar con la mayoría del pueblo argentino, y con Patria y Pueblo
en primera línea, como siempre que ha avanzado en la profundización del mandato
de diciembre del 2001.
MESA NACIONAL
Néstor Gorojovsky, Secretario General
Bailón Jerez, Juan María Escobar, Rubén Rosmarino, Lorena Vazquez, Hugo Santos, Gustavo Battistoni, Pablo López, Silvio Zuzulich, Edgardo Sánchez, Jacinto Paz
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