El Partido PATRIA Y PUEBLO – Izquierda Nacional repudia el asesinato del compatriota Cristian Ferreyra, integrante del Mocase-VC, a mano del sicario que actuó bajo las órdenes del empresario sojero J. Cicioli, exigiendo el inmediato juicio y encarcelamiento de ambos.
El crimen del compatriota ha puesto en escena una problemática que no es económica, sino profundamente social, cuyos orígenes podemos rastrearlo en el despojo del que fueron objeto los aborígenes desde la época colonial y cuyos descendientes hoy forman parte de la legión de desterrados de su propia tierra.
Dado la naturaleza de éste conflicto, su resolución no se llegará por la vía judicial, lo cual ha quedado demostrado a lo largo de los años de deambular por los estrados judiciales sin encontrar respuesta legal y mucho menos justicia. Los conflictos vinculados a la posesión de la tierra imponen una resolución política integral que en lo inmediato suspenda todos los desalojos y restablezca la efectiva posesión de la tierra por parte de los campesinos.
Como correlato a la cuestión social del despojo de la tierra, aparece la deforestación y la devastación ecológica que acarrea, poniendo en evidencia la falta de aplicación por parte del Estado, de las medidas contempladas para la protección de los bosques. Esto último trae como consecuencia que sean los propios campesinos los que protejan el patrimonio común de los argentinos, a costa de sus vidas.
Por último, y no por ello la cuestión menos grave, el episodio ha evidenciado la presencia de grupos armados que amenazan y amedrentan campesinos y que las autoridades deben desarmar de forma inmediata, restableciendo en las zonas rurales el Estado de derecho.
Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2011
El crimen del compatriota ha puesto en escena una problemática que no es económica, sino profundamente social, cuyos orígenes podemos rastrearlo en el despojo del que fueron objeto los aborígenes desde la época colonial y cuyos descendientes hoy forman parte de la legión de desterrados de su propia tierra.
Dado la naturaleza de éste conflicto, su resolución no se llegará por la vía judicial, lo cual ha quedado demostrado a lo largo de los años de deambular por los estrados judiciales sin encontrar respuesta legal y mucho menos justicia. Los conflictos vinculados a la posesión de la tierra imponen una resolución política integral que en lo inmediato suspenda todos los desalojos y restablezca la efectiva posesión de la tierra por parte de los campesinos.
Como correlato a la cuestión social del despojo de la tierra, aparece la deforestación y la devastación ecológica que acarrea, poniendo en evidencia la falta de aplicación por parte del Estado, de las medidas contempladas para la protección de los bosques. Esto último trae como consecuencia que sean los propios campesinos los que protejan el patrimonio común de los argentinos, a costa de sus vidas.
Por último, y no por ello la cuestión menos grave, el episodio ha evidenciado la presencia de grupos armados que amenazan y amedrentan campesinos y que las autoridades deben desarmar de forma inmediata, restableciendo en las zonas rurales el Estado de derecho.
Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2011
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